El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha solicitado financiación a la Diputación de Toledo, que en total “se acercará a los 50.000 euros”, para consolidar el tramo de murallas de la calle Carnicerías, que se derrumbó el sábado 1 de junio.
Así lo ha adelantado este lunes el portavoz del gobierno municipal, Jesús García-Barroso, a preguntas de los medios de comunicación, a quienes ha trasladado que el dinero se va a destinar a la sustentación y consolidación del tramo que se ha venido abajo, zona que sigue acordonada.
Preguntado por cómo pueden afectar las condiciones meteorológicas al empeoramiento del punto afectado, García-Barroso ha respondido que “cualquier cosa puede ocurrir”.
Reuniones con colectivos sobre la ZBE
Por otro lado, el portavoz ha dado a conocer que desde el Ayuntamiento han iniciado reuniones con colectivos sociales, vecinales y empresariales de la ciudad con el objetivo de conocer sus inquietudes e ideas en relación con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que tiene que estar implementada el 31 de diciembre como fecha límite.
Para la puesta en marcha del proyecto se tendrá que modificar la ordenanza municipal o, por el contrario, crear una nueva, “lo que genere menos problema”, ha dicho.
Ha adelantado que todavía no se sabe con exactitud cómo se implementará la futura ZBE, aunque están buscando soluciones como lecturas de matrícula o pegatinas que alerten de la naturaleza de los vehículos.
De cualquier forma, ha declarado que “no podemos, en aras de mejorar el medioambiente, perjudicar el interés de los ciudadanos” y ha asegurado que afectar lo menos posible la vida de vecinos y negocios es “la mayor preocupación del gobierno”, aunque lo solventarán dentro del marco de la norma.
Asimismo, ha explicado que se hará una prueba piloto en la céntrica calle Trinidad, pero antes “hay que adecuar la vía con señalética e ir dando información”.
Por otro lado, ha dado cuenta de que la Junta de Gobierno Local de este lunes ha aprobado por trámite urgente la actualización de precios del servicio de transporte de autobús urbano, con una cuantía que asciende a un importe de 48.000 euros, siendo 4.000 mensuales.
Esta revisión de precios, ha explicado García-Barroso, no subirá el precio del viaje a la ciudadanía, sino que se hace para “mantener el equilibrio financiero del contrato”, para compensar el déficit económico que asume la empresa derivado de la subida de los combustibles entre los años 2022 y 2023.