El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, presidio el lunes 16 la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del proceso de negociación entre el Sescam y la Diputación sobre el futuro del Hospital Provincial, en la que se aprobó la liquidación del Convenio de 2011 para la asistencia sanitaria a los beneficiarios del Sescam en este hospital, así como el inicio de los trabajos para diseñar el modelo futuro para este centro sanitario, que en principio se basará en la creación de un consorcio entre ambas administraciones.
El jueves Tizón se reunirá con los sindicatos de la Diputación para explicarles el modelo de consorcio que ha pactado con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
La citada comisión, celebrada el lunes 16, y que posteriormente se reunió con la Junta Facultativa del Hospital Provincial y otros representantes de los trabajadores, está integrada por parte de la Diputación por su presidente y por los diputados delegados de Sanidad, Jesús Guerrero; de Personal, Manuel Fernández; y de Economía, Juan José Gómez Hidalgo; y por parte del Sescam por el gerente, Luis Carretero; el secretario general, Fernando Sanz; el director general de Asistencia, Miguel Ángel Soria; y el que desde este momento será el representante del Sescam para el proceso iniciado en el Hospital Provincial, Francisco Marí.
Durante ambas reuniones se puso de manifiesto que el elemento esencial por el que se inicia este proceso es el deseo de ambas administraciones de evitar duplicidades administrativas y que la competencia en materia sanitaria sea ejercida por la administración que constitucionalmente la tiene atribuida, que no es otra que Junta de Comunidades y no la Diputación Provincial, «por lo que es lógico que sea el Sescam el que la asuma, evitando así dichas duplicidades y optimizando los recursos de los que se dispone», indica la institución provincial en nota de prensa.
En este sentido, se adelantó a los miembros de la Junta Facultativa del Hospital que la solución en la que se está trabajando y que se ha considerado más acertada, atendiendo a las circunstancias económicas, asistenciales y sociales, es la creación de un consorcio entre ambas administraciones, una fórmula en la que la Diputación ya tiene larga experiencia con entidades como el Consorcio Medioambiental o el de Extinción de Incendios.
En el convenio que se suscriba, la Diputación aportaría al consorcio el personal y las instalaciones y el Sescam los pacientes, el crédito y los profesionales que se precisen. Al poner la Diputación a disposición del consorcio el personal, se abriría un proceso de integración voluntaria para quien así lo decida, de manera que los trabajadores que no quieran integrarse en el Sescam se quedarían en la Diputación adscritos al Hospital Provincial.
«Esta fórmula no es nueva y se ha llevado a cabo por ejemplo entre la Diputación de Castellón y la Generalidad Valenciana con la creación del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, o en el Gobierno de Aragón que dispone de un consorcio sanitario con cuatro ayuntamientos».
Por sup arte, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) está «absolutamente convencido» de que la fórmula del consorcio es la mejor para aprovechar en beneficio de los toledanos y del sistema regional de salud las instalaciones y servicios del Hospital Provincial de Toledo. Así lo ha expresado el director gerente del Sescam, Luis Carretero, y en parecidos términos se ha manifestado José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, para quien «aplicar inteligencia a la resolución de problemas tan antiguos como éste es una exigencia que cumplimos muy gustosos y que demuestra, una vez más, que estamos trabajando intensamente para mejorar la asistencia hospitalaria en Castilla-La Mancha y con mejores resultados que quienes nos precedieron».
El jueves, el presidente de la Diputación se reunirá con los representantes sindicales de la casa para explicarles el acuerdo del nuevo consorcio. Entre los sindicatos se mantiene la preocupación por saber si los cambios en el Provincial implican recortes de personal o alteración de las condiciones laborales.