Después de muchos años paralizado, la ciudad de Toledo aspira a tener su Plan de Ordenación Municipal (POM) en 30 meses. Ese es el plazo que se ha marcado el Ayuntamiento de Toledo tras ya haber adjudicado la redacción de este documento a la empresa Ezquiaga, Arquitectura, Sociedad y Territorio SL, por un importe de 687.560,72 euros.
Una Ciudad Patrimonio de la Humanidad que, hasta la fecha, se rige con un documento de 1986, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anulará el POM de 2007. Sin embargo, a partir de esta adjudicación desde el Ayuntamiento de Toledo se marcan el periodo de 30 meses para que el proceso culminé con la aprobación definitiva por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Las fases marcadas de redacción y aprobación del POM
«Una noticia esperada desde hace muchos años en la ciudad», ha asegurado el portavoz municipal, Juanjo Alcalde, en una rueda de prensa este miércoles donde ha informado de la adjudicación de la redacción, cuyo duración del contrato es de 30 meses, contados desde la formalización del mismo conforme a las siguientes fases de ejecución.
La primera fase consistirá en la elaboración de todos los documentos descritos en la fase inicial hasta la presentación ante el órgano ambiental de la documentación del borrador del plan y el documento inicial estratégico, y tendrá una duración de ocho meses. Este plazo comenzará con la formalización del contrato y finalizará con el día de la entrega del documento completo al área de urbanismo del Ayuntamiento de Toledo.
La segunda fase terminará con la elaboración de la redacción de la versión inicial del POM y la elaboración del estudio ambiental estratégico para su sometimiento a información pública. Esta parte tendrá una duración de diez meses.
La tercera fase consistirá en la información pública de concertación del POM con las actuaciones correspondientes y concluirá en la aprobación inicial del POM en el pleno del Ayuntamiento de Toledo. La cuarta fase terminará con la publicación de la aprobación definitiva por la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanismo, y se establece una duración de cuatro meses.