La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la «grave situación» que están viviendo los guardias civiles y sus familias en la Comandancia de Toledo «tras haber sido informados del desalojo urgente de sus viviendas en un plazo de solo 15 días».
Esta medida, señalan desde la AUGC en nota de prensa, llega después de que, en 2023, la propia Guardia Civil reconociera la existencia de un riesgo grave e inmediato para la seguridad de los residentes, sin que hasta la fecha se hubieran tomado las medidas necesarias para su protección».
«Desde AUGC hemos venido alertando reiteradamente sobre el peligro que supone la falta de actuación ante un problema de tal envergadura. En 2024, presentamos una denuncia ante la Secretaría General de Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, advirtiendo de la inacción y la desprotección a la que se estaba sometiendo a los compañeros y sus familias. Sin embargo, a día de hoy, desconocemos qué actuaciones ha llevado a cabo la Administración para solventar este problema, si es que se ha hecho algo al respecto».
La asociación afirma que la respuesta de los responsables ha sido «cuanto menos alarmante», detallando que en noviembre de 2024, AUGC Toledo volvió a insistir en la necesidad de una solución inmediata, «recibiendo como única contestación por parte del Jefe de Zona que ‘no pasa nada, la edificación es segura'».
«Hoy, apenas 45 días después, se ordena la evacuación de los agentes y sus familias, evidenciando la falta de planificación y previsión de los responsables. Desde AUGC consideramos inadmisible esta gestión irresponsable que ha puesto en peligro durante meses a quienes velan por la seguridad de la ciudadanía. Exigimos explicaciones inmediatas a la Dirección General de la Guardia Civil y a los responsables directos de esta situación, así como la adopción de soluciones urgentes que garanticen el realojo digno de los agentes afectados y sus familias».
«No vamos a permitir que la seguridad de nuestros compañeros sea ignorada ni que la falta de previsión continúe poniendo en riesgo sus vidas. La Guardia Civil no puede seguir siendo víctima de la desidia institucional. Seguiremos exigiendo responsabilidades y adoptaremos todas las medidas legales necesarias para la defensa de nuestros derechos», han concluido.