Adam y Bryan están sentados frente al estrado. En unos minutos se van a casar. «Soy letrada y quería hablarles de que estoy en huelga… Este acto no lo tendría que realizar. Por responsabilidad y por respeto, este acto se va a celebrar». Cristina enuncia estas palabras vestida con una toga negra en una sala de los Juzgados de Toledo, donde la bandera de España y una foto del rey Felipe VI coronan la sala. «Os declaro…».
Minutos antes de «oficiar» la boda «que no debería celebrarse», Cristina Pérez Sánchez está sentada en su despacho detrás de unas pilas de carpetas con pósits y separadores. Quién sabe si dentro de las decenas de carpetas, que están escrupulosamente ordenadas ocupando toda la mesa, están los miles de procedimientos que están parados en los Juzgados de Toledo. Pérez Sánchez es Letrada de la Administración de Justicia (LAJ, a partir de ahora) en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Toledo y del Registro Civil y está en huelga, al igual que miles de compañeros, desde hace un mes. El 24 de enero de 2023 los letrados de la Administración de Justicia dijeron «basta». Para entender el porqué de esta huelga hay que remontarse años atrás, hasta el 2009, cuando entró la Ley 13/2009.
Cristina Pérez Sánchez, LAJ en los Juzgados de Primera Instancia de Toledo.
Papeles, tres letradas y una huelga
El Ministerio de Justicia otorgó a los LAJ más funciones y, desde ahí, el cuerpo de letrados es algo así como una fuerza omnipresente en casi todos los procedimientos judiciales. Una letrada firma los divorcios, una letrada «oficia» bodas y ejecuta divorcios si no hay menores, una letrada «paga» el dinero a las partes de un juicio. Una letrada en huelga retrasa la administración. Mil letrados en huelga colapsan la Justicia. Sin letrados: ni juicios, ni bodas. Lo que reclaman al Ministerio es una «adecuación salarial»: que su sueldo sea equiparable a sus funciones. Los «desplantes» del órgano que se encarga de dictar las normas para los LAJ han colmado un vaso de agua, que ya se ha derramado y cuyas consecuencias son una maquinaria judicial parada, en «servicios mínimos».
«Llamo a dos compañeras, ¿te parece bien?», pregunta la letrada a este periodista de encastillalamancha.es. Instantes después, cruzan la puerta Virginia Sepúlveda Montealegre, LAJ del Juzgado de lo Social número 2 de Toledo, y María Aránzazu de los Reyes Delgado, LAJ del Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo. Ambas están en huelga y realizan solo lo que está estipulado dentro de ese cajón de sastre que son los «servicios mínimos».
«El Ministerio juega al desgaste», es una de las conclusiones de las letradas. Las negociaciones entre ambas partes están en punto muerto mientras los procedimientos aplazados se acumulan. La losa es cada vez más grande. Cristina lo explica de manera visual. «Tengo 3.700.000 euros parados«. Dentro de esa cuenta con casi 4 millones de euros están los pagos que realizan los Juzgados a las partes de un juicio. Hace un mes, antes de empezar la huelga, la cuenta de Pérez Sánchez era de 2,7 millones. Ese millón de euros entre un mes y otro solo lo puede explicar la huelga. Pasa lo mismo con la cuenta de Sepúlveda, que ahora marca el millón y medio de euros pagados. Los retrasos, los aplazamientos, las «suspensiones de vistas», afectan a las tres letradas.
Cristina,¿por qué celebras una boda? «Llámalo empatía, humanidad…»
Tanto Pérez como Sepúlveda y De los Reyes reconocen que esta situación les afecta de manera personal. «Hasta mis hijos conocen a Tontxu Rodríguez», enuncian las tres letradas. «No vamos a terminar esto sin algo digno», sentencia De los Reyes. Para las tres «golpistas» – así es como denuncian que ha llamado el Ministerio de Justicia a los letrados en huelga, «golpistas»-, esta situación va mucho más allá de lo económico, de las funciones que realizan. La palabra que emplean las tres para definir por qué lo hacen es «dignidad». Esa misma palabra, dignidad, es seguramente la que más repite durante la conversación. Después de un mes, ¿han cambiado algo sus reivindicaciones? «Tenemos más fuerza, somos más dignas».
El momento ha llegado. La pregunta ha estado sobrevolando el ambiente hasta que ha encontrado su hueco en ese despacho repleto de papeles y de reivindicaciones. «¿Cristina, por qué celebras una boda?». Los ojos están clavados sobre Pérez Sánchez. La letrada deja descansar sus hombros sobre la silla. Se coge las manos y se retira el pelo de la cara. Tres segundos después, Cristina Pérez Sánchez responde con la firmeza y el titubeo que da saber que la causa es de fuerza mayor. «Llámalo como quieras, humanidad, empatía, responsabilidad…». Los LAJ no están obligados a celebrar las bodas que están agendadas en los Juzgados porque las uniones no están dentro de los servicios mínimos. «No puedo dejar de atender algo que me quema por dentro».
«Os declaro unidos en matrimonio. ¿Tenéis anillos? Podéis intercambiarlos». Bryan y Adam, Adam y Bryan se intercambian las alianzas y se funden en un beso que inicia la nueva etapa de casados en sus vidas. La letrada Pérez Sánchez observa la escena desde el estrado. Tres personas del público de la sala, que son tres letradas, arrancan los aplausos. Los casados se disponen a firmar y, justo antes de retirarse de la sala como «felizmente casados», Cristina Pérez Sánchez les hace la última aclaración. «Cuando acabe la huelga podréis venir a recoger el libro de familia». «Que pasen Ana y Juan», se escucha al fondo. La segunda «unión matrimonial» que celebra Pérez Sánchez va a comenzar.