El concejal socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Carlos Vega, ha salido al paso esta mañana de la crítica del alcalde, Carlos Velázquez, respecto al acuerdo que llegó el anterior equipo de gobierno con la Policía Local, tres días antes de las elecciones (el primer edil lo calificó de «ilegal»).
«Pasó por un dictamen técnico-jurídico»
Carlos Vega dijo que el acuerdo, el II Plan de Modernización de la Policía Local, firmado el 25 de mayo de 2023, se tomó tres días antes de las elecciones pero tenía mucho mayor recorrido, ya que se originó, según el concejal, en reuniones con la Policía Local celebradas en octubre de 2022, «pasando por la mesa de negociación con los sindicatos y por un dictamen técnico-jurídico».
«Tras un año de negociaciones sin acuerdo, se buscó un mediador, profesores de Derecho Administrativo la UCLM, que en el marco europeo elaboraron un estudio jurídico para avalar el plan», añadió. «Hay jurisprudencia que avala el Plan», insistió.
Carlos Vega afirmó que «la normativa de la UE, salvo excepciones, considera como tiempo de trabajo cualquier periodo de guardia localizada» (según el citado estudio, a fecha de 19 de marzo de 2023)
Aludió entonces el concejal al informe del interventor, con fecha de fecha 23 de mayo, «con observaciones, nunca con reparos», sobre el Plan, «señala que se ajusta a disposiciones legales y reglamentarias que le son de aplicación y que la propuesta puede tener efectos positivos sobre los desajustes de la plantilla a la hora de confeccionar cuadrantes anuales».
Aumento de carga de trabajo
Carlos Vega aludió al aumento de la carga de trabajo de los policías locales de Toledo, desde 2015 a 2023: «Hay más servicios extraordinarios, diferentes de los excepcionales, por ello el 25 de mayo se firma el II Plan de Modernización, con mucho trabajo detrás».
«¿Alguien pensaba que no iba a ganar Milagros Tolón las elecciones. El PSOE tenía comprometido el Plan, estaba planificada la acción y consensuado el itinerario. Otra cosa habría sido pegarse un tiro en el pie. Ahora le toca articular al actual equipo de gobierno», subrayó.
Según Vega, el Plan «regula y garantiza el derecho a la desconexión digital (que solo afecta a los que voluntariamente prestan el servicio), constata que las guardias localizadas son trabajo efectivo y supone la organización de los servicios de la Policía Local».
«El objetivo era disminuir los servicios extraordinarios»
«El objetivo era disminuir los servicios extraordinarios, o convertir en voluntarios eventos extraordinarios», precisó.
Siempre según las explicaciones de Vega, el Plan, entre otras cuestiones, contemplaba la creación de unas nuevas dependencias policiales. Acto seguido explicó dos términos del Plan: las 10 guardias de disponibilidad, voluntarias (que suponen cuatro policías locales diarios más), y el complemento de productividad por conectividad digital, localización y disponibilidad, que supone 2.400 euros anuales para los policías y oficiales y 2.600 euros anuales para los subinspectores e inspectores.
Para Vega, una de las ventajas del Plan consistía en que los «policías, con un año de antelación (lo que pedía el interventor), saben las 10 guardias voluntarias, asegurando la conciliación.»
«Compromiso de aumentar la plantilla»
El Plan, además, contempla un compromiso de aumentar la plantilla con tres agentes más al año, además de cubrir las vacantes por jubilación entre 2023 y 2026.
El concejal socialista se refirió al momento en el que, antes de aprobar el Presupuesto, «el 20 de noviembre pasado, el interventor hace observaciones, no reparos, en las que señala que el crédito para cubrir los trabajos extraordinarios es inferior a las obligaciones reconocidas durante los últimos ejercicios».
«Se valora el insuficiente el crédito para 2024 puesto que se estaba hablando de 400.000 euros para Policía Local, cuando años anteriores se pasaba de 600.000, advirtiendo de un déficit económico en seguridad ciudadana». A pesar de esto, se aprobó el Presupuesto», indicó.
«¿Alguien puede pensar que la Intervención va a consentir una ilegalidad?»
«Hablan de los reparos del interventor, no sé si hay mala fe o se quiere generar confusión ya que el alcalde y José Manuel Velasco tienen formación jurídica. Se habla de ilegalidad. «¿Alguien puede pensar que la Intervención la va a consentir? El interventor pone observaciones a la gestión de quien gobierna. Que si tienes 500.000 euros, no puedes gastar un millón. Nunca dice que no se pague, sino que este justificado», apuntó.
«El alcalde debe dejar trabajar al interventor y buscar una solución. Desde que llegó el equipo de gobierno, se ha encontrado con cuentas saneadas y fondos europeos. Con dinero», apuntó.
«Las observaciones del interventor se las hace al actual equipo de gobierno; deben buscar una solución. El plan ha nacido con la mejor intención. Le toca al equipo de gobierno. Le toca al alcalde canalizar el acuerdo con la Policía Local. Y si no es legal, que lo demuestren. La Policía Local solo quiere que se paguen los servicios prestados. Solo reivindican sus derechos», añadió Carlos Vega, quien, al ser preguntado sobre qué le parece la posible solución de la seguridad privada en Semana Santa en Toledo, dijo:
«Si hay dinero para seguridad privada, se puede atender al que se debe a la Policía Local. En tal caso, se podría llegar a la usurpación de funciones. El camino más directo es negociar con la Policía Local. Hay dinero para atender el dinero que se adeuda, por servicios prestados», concluyó.