El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmaba hace unos días que el Gobierno no contempla activar ayudas para el arranque de viñedo. Tras esas manifestaciones, el sector vitivinícola ha expresado su “indignación y sorpresa”.
Antes de esas manifestaciones, el 12 de septiembre, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, remitieron al Ministerio un documento consensuado de medidas para salvaguardar el futuro de los viticultores españoles, que cuentan con el respaldo del conjunto de los integrantes de la Interprofesional del Vino de España.
Organizaciones agrarias piden ayudas para arranque de viñedos y prohibición de nuevas plantaciones
Desde COAG, el responsable del sector vitivinícola, el albaceteño Joaquín Vizcaíno, ha advertido que “el no de Planas pone en riesgo de abandono a más de 95.000 hectáreas de viñedo, el 10% del total”. Muchas de ellas, en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo de España.
Vizcaíno señala que otro gran país productor, como Francia ya ha iniciado un programa para arrancar 30.000 hectáreas (el 5% de su superficie de viñedo), para lo que la UE le ha autorizado a disponer ayudas estatales por valor de 120 millones.
Entre las medidas, que COAG ya ha remitido a administraciones e instituciones autonómicas y europeas destaca la propuesta de establecer una ayuda financiera al arranque de viñedo, independientemente de su posterior replantación o arranque definitivo.
No es un arranque masivo
“No se trata de un arranque masivo. Queremos que sea una medida quirúrgica en determinadas zonas, especialmente en aquellas con serios problemas en las variedades tintas cuya demanda ha caído de forma significativa en los últimos años por un cambio en las tendencias de consumo”, ha subrayado Vizcaíno.
Asimismo, propone que después de un período mínimo de tres años y en un plazo máximo de seis años, los productores tengan la posibilidad de replantar las mismas superficies que han sido objeto de arranque, accediendo a una ayuda financiera.
El agricultor, si así lo decide, podría aprovechar productivamente la superficie objeto de arranque. Si un viticultor arranca de manera temporal y no produce en esa tierra, cobraría anualmente un porcentaje de los ingresos medios de la zona de las últimas tres campañas, hasta que decida replantar o arranque definitivo.
Tras el periodo máximo de seis años, las organizaciones proponen que, si el agricultor decide no replantar, se le asigne una compensación económica definitiva.
COAG también han pedido a la Comisión Europea la prohibición de nuevas autorizaciones de plantación para tres años: 2025, 2026 y 2027.
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)
En el mismo sentido, se ha expresado la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que ha reclamado a Luis Planas que reconsidere su postura al respecto del arranque social de viñedo, ya que es una demanda del sector y que podría ser una alternativa a muchos viticultores de toda España.
“Son muchos los motivos para esta circunstancia que, no lo olvidemos, no es sencilla para ningún agricultor”, ha indicado el manchego Alejandro García-Gasco, responsable de Vino de UPA, quien ha insistido en que se solicitó tanto en Bruselas, como al Ministerio de Agricultura y a diferentes Consejerías de Agricultura, debido a que son muchas las voces del sector que lo están pidiendo, “no por ganas, no porque sí; sino porque hay una crisis real en el sector”.
Arranque social de viñedo
UPA defiende que el arranque social del viñedo sería “un alivio temporal subvencionado y de carácter social”, siempre con fondos extraordinarios para una medida que se considera extraordinaria.
UPA indica que este tipo de ayudas extraordinarias deben acompañarse de una paralización de cualquier tipo de plantaciones de viñedo a través de autorizaciones, para que las parcelas que se acojan al arranque social de viñedo no puedan volver a sembrarse en el futuro, ni obtener un beneficio aparte de la ayuda.
García-Gasco ha apuntado que “esta medida la hemos solicitado a todos los niveles. Consideramos que no se deben crear agricultores de primera y de segunda, sino que haya un mismo trato para todos los viticultores que sufrimos la crisis de rentabilidad. Este arranque debe ser subvencionado con fondos extraordinarios, para una medida extraordinaria, así paliar la crisis de viticultores profesionales y pequeñas y medias explotaciones”.