El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo ha anulado la creación de la Comisión de Investigación, aprobada por PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida en septiembre de 2015, para investigar si las actuaciones que el equipo de Gobierno que presidía el ‘popular’ Arturo García-Tizón llevó a cabo en las viviendas que la Diputación tiene en al calle Cardenal Cisneros, frente a la Catedral Primada, fueron «fraudulentas».

Comisión «sin eficacia»

Dicho juzgado ha anulado de pleno derecho dicha Comisión, «declarando sin eficacia, tanto la creación de dicha comisión de investigación, como las sesiones realizadas, el contenido de las mismas y la moción de reprobación» contra García-Tizón con la que finalizó.

 

Además ha condenado en costas a las partes demandadas por el que fuera presidente ‘popular’ de la institución provincial y el vicepresidente Emilio Bravo: esto es, Diputación, Grupo Socialista, Grupo de IU-Ganemos CLM y Grupo Ciudadanos.

[ze_summary text=»El fallo dice que hacía falta aprobar antes un Reglamento Orgánico «]El fallo dice que hacía falta aprobar antes un Reglamento Orgánico [/ze_summary] 

«Pueden existir Comisiones de Investigación en el seno de la Administración local, pero la recurrida debió estar precedida de la aprobación de un Reglamento Orgánico, lo que hace nulo de pleno derecho dicha comisión», reza la sentencia, que habla de «enjuiciamiento político».

Ha sido el que fuera presidente ‘popular’ de la Institución provincial el que ha avanzado en rueda de prensa el fallo del juzgado.

Tras asegurar que los condenados han recurrido dicha sentencia, ha anunciado que va a esperar a la ratificación plena de la sentencia «para exigir responsabilidades de todo orden a las personas que causaron esta acción ilegal», a fin de «paliar, en la medida de lo posible, el daño que han provocado a su persona, a su familia y al PP».

«Después se aprobó el Reglamento»

Según Tizón, “la prueba más palpable de que con carácter previo debió existir un reglamento orgánico es que con posterioridad al Pleno objeto de recurso, en una sesión plenaria extraordinaria posterior, de 30 de octubre de 2015, se aprobase el Régimen de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Especiales de la Institución Provincial”.

Según ha explicado Tizón, «lo más llamativo de este asunto es que tanto el proponente, Álvaro Gutiérrez, como PSOE, Ciudadanos e IU sabían que estaban creando una Comisión de Investigación que no podían crear y que no era una mera Comisión Informativa».

[ze_summary text=»García-Aranda admitió que no había este tipo de comisiones en el Reglamento»]García-Aranda admitió que no había este tipo de comisiones en el Reglamento[/ze_summary] 

Y añade Tizón : «Las palabras del portavoz del PSOE, Santiago García Aranda, en el Pleno en que se crea esta Comisión así lo indican claramente, cuando a la objeción opuesta por mí responde, según recoge el Acta de esta sesión, ‘efectivamente no hay comisiones calificadas de investigación en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales’, para seguidamente afirmar que la finalidad de la Comisión no es otra que la investigación de lo acaecido con las viviendas de la Calle Cardenal Cisneros».

«Finalidad que igualmente afirma el representante de Ciudadanos, Antonio López, quien aseguró que ‘venimos hoy aquí a hablar de una Comisión de Investigación’, así como el representante de Izquierda Unida, Jorge Vega Martín, que afirma que con esta iniciativa, ‘se pretenden depurar si existen responsabilidades y no hay sitio mejor que la Comisión de la que se trata».

[ze_summary text=»El PP insistió en todo momento en que la Comisión era nula»]El PP insistió en todo momento en que la Comisión era nula[/ze_summary] 

Tizón ha recordado su insistencia durante todo el proceso en que «esta Comisión era nula de Pleno derecho e ilegal, advertencia que se repitió en el siguiente Pleno Extraordinario de 30 de octubre, como reconoció el diputado de Ciudadanos al decir: ‘Señor Arturo García-Tizón, en los medios de comunicación o con escritos (viene usted) diciendo que (esta Comisión de Investigación) no tiene validez, que no sirve de mucho”.

En esta misma «ilegalidad» insistió Tizón en las sucesivas sesiones de la Comisión de Investigación celebradas, a lo que los diferentes representantes de los grupos contestaban que la finalidad de la misma era investigar, como manifestó el diputado socialista Antonio Luengo Raboso en la sesión de 20 de noviembre del 2015.

[ze_summary text=»Se pretendía una causa general contra el PP»]Se pretendía una causa general contra el PP[/ze_summary] 

En este sentido, Tizón ha recordado que siempre manifestó que con esta Comisión de Investigación se pretendía “una causa general contra el PP y un linchamiento político personal y familiar, con el intento de justificar el gran engaño electoral que hizo Ciudadanos a los electores de Toledo, cuando tras afirmar que dejarían gobernar al partido más votado, a través de un acuerdo espurio y fraudulento entre el representante de Ciudadanos y el PSOE, convinieron en nombrar presidente a Gutiérrez”.

«La reprobación se vuelve contra sus autores»

El que fuera anterior presidente de la Diputación ha declarado que “hoy la reprobación de Tizón y de todo su gobierno  se ha vuelto en contra de sus autores, pues con esta resolución judicial quien resulta reprobado por la Justicia es Álvaro Gutiérrez y quienes le acompañaron en esta actuación ilegal, inmoral y completamente inadmisible”.

En este sentido, tanto Bravo como Tizón han lamentado que “ha pasado más de un mes de esta sentencia y todavía Gutiérrez no ha pedido perdón por esta Comisión de Investigación” y destacado la «prudencia del Grupo Popular en este aspecto, que ha esperado a hacer una valoración de lo sucedido hasta que la justicia ha hablado».

Asimismo, ha resaltado que “ahora esperamos que se dé igual publicidad a esta declaración judicial de nulidad que a la Comisión de Investigación”.