La Policía Nacional ha procedido al lanzamiento de la orden de desahucio de tres viviendas en los llamados «pisos negros» de Toledo, que llevaban ocupados desde hace años. Tres viviendas titularidad de la Junta, cuya okupación llevaba en los tribunales desde 2020.
Los desahucios se han desarrollado sin incidencias
Fuentes de la Policía Nacional han informado a encastillalamancha.es han informado de que los tres desalojos se han producido sin ningún incidente esta mañana del martes 11 de febrero.
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han explicado que en este caso, denunciado en junio del 2020, el juez ha considerado que no había situación de vulnerabilidad, así como tampoco por parte de los servicios sociales, por lo que se ha procedido al desahucio tras muchos años de impago de las cotas del alquiler de los pisos pertenecientes a las 148 viviendas.
«No miramos para otro lado frente a la okupación», ha subrayado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, durante la puesta de la primera piedra de 124 viviendas en régimen de alquiler asequible que se van a construir en el Polígono de Toledo, unas viviendas que ha querido remarcar que no son «viviendas sociales», como en el caso de las 148, pero ha dicho que el Gobierno regional tampoco mira «para otro lado», en el caso de las familias que lo están pasando mal.
«No miramos para otro lado cuando los inquilinos lo están pasando mal, ayudando a tramitar las ayudas del Ingreso Mínimo Vital, o a salir de una situación temporal o traumática, pero gracias a la labor de la justicia, aquellos pleitos que interpusimos en 2020 vamos a poder seguir ofreciendo un servicio público, no así como los que estaban usando de manera fraudulenta», ha incidido.
La Junta no quiere hacer «guetos» y «apartheid» sociales
Sin referirse directamente a este caso, pero sí al Polígono de Toledo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha explicado que la promoción en el pasado de viviendas sociales provocaron «guetos sociales, en muchos casos, como ha pasado en este barrio, con problemas que han creado apartheid sociales«.
Y es que por eso el Gobierno regional ha decidido cambiar el modelo en el que realiza las viviendas públicas, apostando por la colaboración público-privada, pero que no sea la administración quien gestiona los alquileres, sino las empresas concesionarias, como ha pasado en Toledo con las viviendas presentadas estas mañanas, que serán cofinanciadas con fondos europeos, pero los alquileres asequibles, por unos 550 euros, los gestionará las empresas.
«Somos pésimos caseros», ha reconocido Page sobre el papel de las administraciones en la gestión de los alquileres.