La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha asegurado hoy que la parte social «es un tema que nos importa a todo el gobierno municipal, no solamente a Ganemos, también al PSOE».
Así se ha pronunciado Tolón esta mañana a preguntas de los periodistas sobre la marcha de las negociaciones con su socio de gobierno, Ganemos, para sacar adelante los Presupuestos Municipales para 2018.
La regidora ha rehusado pronunciarse sobre las discrepancias puestas de manifiesto por el concejal de Bienestar Social, Javier Mateo, en cuanto a los presupuestos en materia social y de participación, aunque ha puntualizado que lo social es un tema que «importa» a todo el gobierno. En este sentido, ha abundado: «somos el Ayuntamiento que más dinero ha invertido en gasto social y en empleo de toda España y es porque estamos muy concienciados de que tenemos que ayudar a los que peor lo están pasando».
Ningún comentario sobre las negociaciones de presupuestos
Preguntada por la marcha de la negociación de las cuentas municipales, se ha limitado a decir que «cuando se está negociando, es mejor no decir nada».
Por otro lado, preguntada por la iniciativa de PSOE y Podemos que se discute hoy en el Congreso sobre la regla de gasto, Tolón ha reiterado que «no puede ser un Ayuntamiento como el de Toledo que cumple con su regla de gasto, paga a proveedores en menos de 30 días y quita deuda, 12 millones en estos dos años, no pueda invertir en la ciudad con su superávit». En este sentido ha recordado que el año pasado, el Ayuntamiento tuvo un superávit de más de 6 millones de euros que, según ha recalcado, le ha resultado «muy difícil» poderlo invertir en la ciudad.
Dicho esto, ha opinado que los ayuntamientos, «que somos -ha dicho- la administración más pobre, más cercana y que tiene competencias impropias a las que hacen frente, deben tener esa ayuda del Gobierno para poder invertir en la ciudad lo que nos sobra: pagando la deuda pero también invertir en que la ciudad mejore». Y se ha mostrado convencida de que «esto es un sentir de todos los alcaldes de cualquier signo político», por lo que el Gobierno «tiene que retroceder en esta ley que aprobó en 2012 y que a los ayuntamientos nos tiene prácticamente machacados», ha concluido.