El 22 de Junio de 2012 María Dolores de Cospedal tomó posesión como Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se cumplirán diez meses de su gobierno y el paro se ha elevado a cerca de 250.000 personas, 40.500 personas más que cuándo tomó posesión; muchos de los nuevos parados tienen que ver con la política de recortes que está aplicando en la Comunidad Autónoma.
La situación de nuestra región es crítica, de extrema emergencia, pero la Presidenta, en lugar de auspiciar el consenso social para la reactivación económica y el empleo, se ha empeñado en mostrar su rostro mas integrista en la manera de entender el ejercicio del gobierno, imponiendo sus decisiones, refugiada en una especie de absolutismo que le aísla socialmente y hace crecer la antipatía por su desprecio al resto de legitimidades que se expresan en democracia. Una Presidenta que, desde hace meses, la ciudadanía ve más alejada de los intereses de nuestra tierra, más obsesionada con su imagen mediática y con su presencia en la escena política nacional.
La gestión del gobierno Cospedal es muy magra. Se ha empeñado en presentarse como «lideresa» de los recortes y no ha dudado en poner en marcha medidas durísimas, sin negociación con la representación sindical, sin diálogo social, y sin importarle las consecuencias. Ha mandado al paro a cientos de profesionales de la educación pública, avanza el proceso de privatización de la sanidad, paraliza las inversiones públicas, etc. etc.; inicia una especie de «vendetta» económica que hará caer nuestro PIB castigando a empresas y trabajadores, obstruyendo, en una palabra, las posibilidades de crecimiento y el futuro socioeconómico de Castilla-La Mancha.
La necesidad de reducir el déficit, aunque sea un objetivo ineludible, debe ser compatible con estímulos a la actividad económica para crear empleo, para mantener las redes de protección social y los servicios públicos, y para recuperar los maltrechos sectores productivos. Una estrategia que requiere el consenso social y político, que se le reclama desde el ámbito sindical, sin que el gobierno Cospedal muestre voluntad alguna para reorientar la salida de la crisis que nos castiga desde hace más de tres años.
La acción de gobierno en Castilla-La Mancha se reduce a recuperar el valor patrio, a elevar el sentido de las tradiciones y a diseñar una campaña propagandística para que parezca que se hacen cosas, que se mejora aunque todo empeore. La Ley de Emprendedores, que el gobierno Cospedal presenta como milagrosa, no es la panacea; dónde hay un parado no aparecerá un empresario, ni los sectores financieros aflorarán créditos para tantas nuevas iniciativas como se necesitarían para mitigar el efecto del derrumbamiento del sector inmobiliario y sus industrias asociadas.
En Castilla-La Mancha, con profundo respeto a los creyentes, ni se soluciona la sequía con procesiones, ni con procesiones y «costaleras» se sale de la crisis. En Castilla-La Mancha, no vamos a resolver la reactivación económica con la declaración de bien de interés cultural la fiesta de los toros (que conste que soy aficionado).
En Castilla-La Mancha hay que hacer algo más que adormecer a la opinión pública con mensajes mediáticos sobre la herencia recibida, garantizándose la omnipresencia del gobierno regional, del Consejero portavoz, en los medios de comunicación públicos o en los medios de comunicación amigos.
En Castilla-La Mancha el esfuerzo colectivo, la participación de los agentes económicos y sociales, el diálogo social tripartito, es prioritario; tan urgente como la atención que nos deben merecer el cuarto de millón de personas paradas, muchos de ellos jóvenes, que no son destinatarios ni de una sola medida para atender su extrema necesidad: el empleo.