Unos 40 empleados, entre funcionarios de prisiones y personal laboral, de la prisión de Herrera de la Mancha se han concentrado contra la privatización de la seguridad exterior del recinto y para exigir la convocatoria extraordinaria de empleo público de instituciones penitenciarias.
En la protesta, a las puertas de la prisión manzanareña, que ha comenzado a las 11:30 horas y ha concluido a mediodía, han tomado parte trabajadores adscritos a los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, ACAIP y APFP, que han exigido la paralización inmediata del proceso de privatización de Instituciones Penitenciarias que, a su juicio, se ha iniciado con el servicio de vigilancia exterior y que progresivamente se aplicará a otros.
Así al menos lo ha asegurado a Efe Joaquín García, uno de los miembros de la sección sindical de CCOO en la prisión manzanareña, quien ha criticado «la mercantilización» de las relaciones laborales que se pretende hacer en las prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
En este sentido, García ha estimado que Prisiones es «un trozo de tarta muy apetecible para las grandes empresas privadas» y ha demandado la convocatoria extraordinaria de oferta pública de empleo para garantizar el correcto desarrollo de este servicio público y acabar con el déficit estructural de personal.
La falta de recursos humanos se ha agudizado, según García, por la insuficiente oferta de empleo público y el envejecimiento de la plantilla que, en el caso de Herrera de la Mancha, está compuesta por funcionarios con edades comprendidas entre los 50 y los 60 años.
«Llevamos sin oferta de empleo público cinco años porque la última, con la convocatoria de 70 plazas, es simbólica y no cubre las 3.000 plazas que harían falta para atender los distintos servicios ni las infraestructuras que están por abrir», ha aclarado García, quien ha considerado que, con esta actitud, «se terminará privatizando la condena de los internos».
La protesta, convocada por la Plataforma en Defensa del Empleo Público en el sector, está enmarcada dentro de la campaña de movilizaciones que se llevan a cabo en todos los centros que dependen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hasta finales de año y que podrían recrudecerse a partir de 2015 si no se tienen en cuenta sus reivindicaciones y propuestas.