Trabajadores de los servicios públicos de Castilla-La Mancha han impugnado la Oferta de Empleo Público de la Junta de Comunidades para el año 2019, una denuncia que ha salido adelante gracias a un sistema de crowdfunding que alcanzó su objetivo en pocas semanas.
La Plataforma de Interinos y Temporales de Castilla-La Mancha informa en nota de prensa de que el pasado 18 de febrero se presentó la demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, una impugnación que cuenta con la coordinación y aportación económica de varias asociaciones y sindicatos de trabajadores del sector público: la Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha, el sindicato Solidaridad Obrera Sescam y la Asociación de Profesionales de Informática Sanitaria de Castilla-La Mancha (Apriscam).
El hecho de no perder su puesto de trabajo y quedar en el paro «tras décadas con uno o varios contratos temporales» es lo que les ha motivado a -como ya ocurrió en la anterior convocatoria- denunciar la OPE. Sostienen que «este abuso de la temporalidad es continuado y masivo en todas las administraciones públicas, además de ser consciente y conocido por las mismas».
«Tras décadas de recortes y sin ofertas de empleo, se ha mantenido a miles de trabajadores con uno o varios contratos temporales, aprovechándose así de las obvias ventajas que le supone a la administración en detrimento de los derechos de esas personas, el más claro el no tener un contrato fijo, por lo que ahora se ven abocados al despido en un momento de su vida profesional y personal avanzado (edad, familia, personas dependientes…). Esperamos pronta resolución para evitar esta incertidumbre», indica la plataforma en el comunicado.
Añade que la temporalidad afecta a más de 800.00 trabajadores del sector público en España, unos 20.000 en la región. «Aunque es algo poco conocido, la temporalidad en el empleo público es desmesurada y supera a la del sector privado». También apunta que la experiencia real demuestra que la mayor parte de los afectados pierden su puesto de trabajo y se van al paro sin nada, por lo que describen esta dañina y extrema realidad como un ERE encubierto en el que «la perspectiva de género es un problema ya que la mayor parte de la plantilla la conforman mujeres (un 70 por 100 en sanidad y educación)».
Si bien reconocen que no quieren judicializar el conflicto, aseguran que se han visto obligados a defender de esta manera su empleo. Proponen esperar a la inminente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19 de marzo,»que incluso ya ha emitido un informe en el que aclara que la convocatoria de OPEs no es la solución y ha criticado en repetidas ocasiones este abuso masivo de la temporalidad en el sector público»
Así las cosas, piden la fijeza de sus puestos de trabajo: «no tiene coste, los salarios llevan ya décadas en los presupuestos y evitará plausibles costes en indemnizaciones y paro».
Por último, la plataforma explica a la ciudadanía que, «en contra de los reiterados y ostentosos anuncios en medios de comunicación de algunos políticos y sindicatos, estas ofertas no generan empleo; son las plazas de los miles de trabajadores que te atienden en un hospital o educan a tus hijos y que llevan décadas haciéndolo.