La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes un paquete de 12 medidas en materia educativa, cultural, social, patrimonial y de empleo publico, entre otras. Destacan las relativas a la gratuidad del transporte escolar para los alumnos de Bachillerato de zonas despobladas, la agilización del procedimiento selectivo de trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y los incentivos fiscales al mecenazgo privado de actividades deportivas.
Lo ha detallado este martes en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida (Toledo) el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la que ha explicado que el Consejo de Gobierno ha aprobado este proyecto de Ley de medidas administrativas y tributarias, conocido como Ley de Acompañamiento a los presupuestos, que supone modificar de forma puntual 12 leyes regionales en un mismo texto legal.
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Transporte escolar gratuito para Bachillerato
El servicio de transporte escolar será gratuito para los alumnos de Bachillerato residentes en zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación. Ruiz Molina ha incido que, aunque el gobierno regional no tiene la obligación de financiar el transporte en esta etapa educativa, ha decidido conceder la gratuidad del servicio en aras de garantizar la igualdad de oportunidades y que las familias ahorren dinero.
También en educación se ha modificado la Ley de Participación Social para garantizar que en el Consejo Escolar participen los padres, madres, alumnos y tutores y no los representantes de los mismos.
En el área de los servicios sociales se va a modificar la Ley de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia para permitir a los letrados de la Junta que puedan continuar ejerciendo las acciones judiciales iniciadas en representación de las personas tuteladas cuando estas alcancen la mayoría de edad.
El Sescam ofertará todas las plazas disponibles que tenga
Se van a agilizar los procesos de selección del personal del Sescam al suprimir los porcentajes en cuanto a la distribución de plazas convocadas mediante concurso o mediante proceso de selección. Hasta ahora, en concurso no se podían ofertar más de un tercio de las plazas vacantes y en los procesos selectivos únicamente se podían sacar dos tercios. Esto ya no va a ser así, pues se van a ofertar todas las plazas disponibles.
Por otro lado, se ha excluido de la Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego aquellos juegos declarados Bien de Interés Cultural y que se desarrollen en momentos puntuales del año, como es ‘El juego de las caras’, que se celebra en Calzada de Calatrava (Ciudad Real). Otra cuestión relacionada con esta área es la modificación de la regulación de acceso a los salones de juego mediante datos biométricos para que, si el cliente no da permiso para el uso de esa información, el establecimiento le solicite el DNI.
Bonificaciones al mecenazgo deportivo
En el plano cultural se van a extender los beneficios fiscales del mecenazgo privado a las actividades deportivas. En cuanto al patrimonio cultural, se incluye el paisaje cultural como nueva categoría dentro de la máxima figura de protección del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y la figura de Evaluación de Impacto Patrimonial, como elemento para la evaluación de los impactos y afecciones de determinados proyectos sobre los BIC, como método eficaz para la conservación y protección de esos bienes.
Con el objeto de mejorar la técnica presupuestaria, los diferentes informes de impacto (de género, Agenda 2023 e infancia o adolescencia) se incorporarán en la fase de proyecto de ley, una vez cerradas las cifras del presupuesto y fijados los objetivos y actividades, y no en la fase de anteproyecto.
Se va a suprimir la obligación de las administraciones a reservar el 5 por ciento de sus presupuestos para la adquisición del suelo público, algo que provocaba «muchas complicaciones» y afectaba «a los más pequeños».
Además, desde el gabinete de jurídico de la Junta se va a poder dar asistencia y asesoramiento jurídico a las administraciones locales.
Se modifica la Ley de Integridad Pública para acomodar la normativa regional a la legislación de la Seguridad Social con relación al abono de las prestaciones por desempleo de los altos cargos cesados que no puedan reincorporarse a su puesto de trabajo.
El paquete de medidas continuará su tramitación en Cortes de Castilla-La Mancha.
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