El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Toledo ha declarado la nulidad tanto la resolución de Alcaldía como del acuerdo del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Ugena, por el que se impuso al secretario de dicho consistorio toledano una sanción disciplinaria de suspensión de empleo y sueldo por el plazo de 11 meses y 15 días. Según ha informado el PP de Ugena en nota de prensa, la sentencia, además de la nulidad, reconoce el derecho del demandante a su reingreso al puesto de trabajo desde el momento que fue cesado y al abono de todas las retribuciones dejadas de percibir más los intereses legales.
El PP recuerda en su nota que el Ayuntamiento de Ugena inició el 15 de octubre de 2010, bajo mandato socialista, un expediente disciplinario al secretario del Ayuntamiento por la comisión de faltas graves, con suspensión provisional de funciones, confirmado por el pleno municipal del 25 de marzo de 2011, que acordó la suspensión definitiva.
Los dos actos administrativos fueron recurridos judicialmente por el secretario del Ayuntamiento y, ahora, el Juzgado estima que «la suspensión provisional debe estar amparada por hechos de gravedad y razones que la justifiquen, que no se producen en el escrito inicial del Ayuntamiento».
Asimismo, la sentencia recoge que «no se ha notificado personalmente el pliego de cargos, de ahí que se le haya producido una absoluta indefensión al secretario que lleva, necesariamente, a la anulación de la suspensión definitiva acordada mediante acuerdo plenario de 25 de marzo de 2011».
El PP recalca que dicho acuerdo -aprobado con los votos a favor del PSOE y del Grupo Mixto- fue adoptado por la corporación, «apartándose de la recomendación de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma que, por tres veces, notificó al alcalde que no había motivos para iniciar el expediente y sancionar al secretario».
PARA EL PP, HA HABIDO «FALTA DE RIGOR EN LA ACTUACIÓN MUNICIPAL»
El PP del Ayuntamiento de Ugena lamenta que «la falta de rigor en la actuación municipal», no teniendo en cuenta las citadas recomendaciones, haya llevado al municipio «a prescindir de los servicios del secretario por un plazo de 11 meses y 15 días, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos que no han podido disponer de un alto funcionario del Ayuntamiento, cuya misión es el asesoramiento y la fe pública».
A juicio de los populares, estas actitudes ponen de manifiesto «la falta de respeto al ordenamiento jurídico en la actuación de una administración que se aparta de los intereses generales iniciando un expediente a un funcionario, sin imputarle ningún hecho y sin notificarle el plazo de suspensión provisional ni el pliego de cargos».
El Pleno municipal consideró en su día probados varios cargos como la destrucción de archivos informáticos y el acoso laboral a otros funcionarios municipales. El alcalde Pérez Núñez afirmó que las acusaciones estaban condensadas en 28 puntos, entre los cuales destacó la destrucción de 15.000 archivos informáticos en los días previos a la apertura del expediente, lo que habría repercutido, según el alcalde, en el funcionamiento normal de la Corporación.