Agentes de la Guardia Civil han detenido a 13 personas y ha imputado a otras dos por pertenecer a una red organizada que comercializó 70 máquinas de obra por 38.235 euros cada una que se vendían en internet a terceros países, ha informado el instituto armado. Los detenidos alquilaban máquinas de obra de gran envergadura en las provincias de Murcia y de Albacete para su posterior manipulación y subasta en internet, siendo los principales destinos de la maquinaria el norte de África y el Golfo Pérsico.
Los agentes, dentro de la operación Ícarus, han investigado la situación legal de más de un centenar de máquinas que estaban en poder de la organización y ha inmovilizado 80 de ellas.
Además, han llevado a cabo nueve registros en locales y almacenes propiedad de la red delictiva, cuatro en Mula -donde tenían su centro operativo-, dos en Barqueros (Murcia), dos en Sangonera La Seca (Murcia), y uno en Librilla (Murcia), así como una inspección en Castellón, donde se recuperaron cinco máquinas que habían sido vendidas a terceros países, una de las cuales estaba en un camión camino de Italia.
Se calcula que el beneficio medio obtenido por cada una de las maquinas sustraídas superaba con mucho el 700 del 100 del capital invertido para sustraerlas, es decir, el dinero que se pagaba en concepto de alquiler.
El cabecilla de la red es un empresario dedicado a la compra, venta y alquiler de máquinas de obra, lo que le llevó a contar con algunas informaciones que los investigadores y los perjudicados se intercambiaban para avanzar en la investigación.
Esta persona, cuya identidad no ha sido facilitada, creó un laberinto de empresas tapadera que controlaba por medio de un colaborador, al que tenía coartada su voluntad por haber contraído con él una elevada deuda económica.
El colaborador del cabecilla utilizaba a su padre, hermano y un vecino como testaferros al frente de las sociedades por medio de las cuales vendían las máquinas sustraídas.
El resto de integrantes que alquilaban las máquinas eran también empresarios con dificultades financieras y personas con deudas por consumo de drogas que se encargaban de alquilar las máquinas y de sustraerlas, posteriormente, a cambio de pequeñas compensaciones económicas o de poder saldar sus deudas.
La red utilizaba las identidades de alguno de sus clientes o proveedores para adquirir los teléfonos utilizados en los hechos y para alquilar una nave industrial donde ocultaban, modificaban y volvían a identificar las máquinas sustraídas.