El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha presentado la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2019 en sede parlamentaria, y en cuanto a los datos de criminalidad ha destacado el «importante repunte e incremento de todos los indicadores relacionados con la violencia de género».
En la rueda de prensa previa a su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Generales del Parlamento castellanomanchego, ha puesto como ejemplo la estadística de órdenes de protección a mujeres, que se elevaron de 1.165 en 2018 a un total de 1.600 el pasado año, un 37% más.
Aumento de casos de violencia machista
En su opinión, este dato tiene «una doble lectura» que se debe no solo al aumento de casos de violencia machista sino también al «aumento del trabajo judicial y por el afloramiento de casos que en ejercicios anteriores permanecían ocultos».
«Pensamos que se debe a una mayor implicación de las víctimas y confianza en el sistema que les lleva a denunciar los hechos y solicitar medidas», ha apuntado, indicando que se han instalado 136 dispositivos de control telemático.
53 asesinatos y homicidios en 2019, una cifra muy alta
Martínez ha expuesto los «inquietantes» datos en cuanto al aumento de homicidios y asesinatos registrado en 2019. Asi, fueron un total de 53, «cifra que comparada con años precedentes sitúa a 2019 muy por encima de la media aritmética del último quinquenio».
Ha destacado en todo caso la «estabilidad» en cuanto al número de diligencias abiertas en 2019 por delitos como los de lesiones, a lo que ha sumado la «senda de descenso» en los registros de algunas figuras como los delitos contra la libertad sexual, acoso, agresión o delitos contra los menores de 16 años.
Por contra, sí que se contemplan aumentos superiores al 20% en otras figuras como la usurpación, con 800 casos en total en los términos de usurpación de inmuebles o estado civil.
En cuanto a otras modalidades delictivas, descienden los casos de tráfico de drogas, hacienda pública, orden público o atentado a la autoridad; y aumentan delitos de ordenación del territorio, intimidad, inviolabilidad del domicilio o contra las relaciones familiares.