El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, ha justificado hoy la necesidad de aprobar la ley de autoridad del profesorado en el «incesante» número de casos de acoso a profesores en los centros de la región, pues hay documentadas 18.532 conductas de acoso y violencia contra docentes.
Marín ha ofrecido este dato durante el debate previo a la aprobación de la ley de autoridad del profesorado, un texto que -ha dicho- no tiene como objetivo «los castigos ni las sanciones», sino instaurar «el respeto y la convivencia» en todos los centros y desterrar de ellos el mobbing, el bullyng y el acoso.
El consejero ha manifestado que se trata de casos de vejaciones, de acoso, de violencia contra personas, de humillaciones, de injurias y de indisciplina que han causado «bajas por depresión de cientos de docentes».
Ahora, los profesores tendrán la condición de autoridad pública y la protección jurídica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha gracias a una ley que en los próximos meses será implantada en toda España.
El consejero ha aprovechado su intervención para pedir el consenso del grupo socialista, pues ese acuerdo es tan importante como el respeto que se debe a los profesores, que, en opinión de Marín, fueron «olvidados» por el anterior gobierno.
El portavoz de Educación del grupo socialista, Santiago Moreno, ha puesto en duda la veracidad de los datos ofrecidos por el consejero, pues él le ha solicitado el informe en el que se apoyan y no ha obtenido respuesta.
Moreno ha citado encuestas que apuntan a que un 90 por ciento de los alumnos y un 85 por ciento de los docentes está satisfecho con el clima y la convivencia de los centros escolares.
Además, ha objetado que lo que debería hacer el Gobierno es reforzar la autoridad moral de los profesores y eso se hace defendiendo que son trabajadores y no «vagos» y ofreciéndoles medios para trabajar.
La diputada del PP Beatriz Jiménez ha precisado que, de acuerdo con el programa Delfos del Gobierno regional, en el curso 2010-2011 los centros de la región pidieron 30.000 medidas correctoras de conductas disciplinarias.
Además, ha dejado claro en Castilla-La Mancha nadie ha llamado «vagos» a los docentes, que siempre se han entregado al 100 por 100 y a los que ahora se les pide el 120 por 100.