Hasta 42 bibliotecas municipales de Castilla-La Mancha, ubicadas en zonas rurales, han cerrado en los últimos tres años por la falta de ayudas de otras administraciones, sobre todo la Junta, y muchas otras de las casi 500 existentes peligran, según han denunciado las asociaciones de bibliotecarios.
Mercedes Carrascosa, bibliotecaria de Orgaz y presidenta de la Asociación de Bibliotecarios de Toledo; Juan José Alfaro, presidente de Bibliotecarios Asociados de Cuenca, y María Jesús Cruz Arias, presidenta de Anabad (asociación de archiveros, bibliotecarios, museólogos y documentalistas) han explicado en rueda de prensa la situación de las bibliotecas en la región.
En los últimos tres años no han recibido «ni un euro» del Gobierno regional, algo que unido a la difícil situación de la mayoría de ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, hace inviable el mantenimiento de la actual red pública de bibliotecas.
A ello se suma la «drástica» reducción del personal de las bibliotecas públicas del Estado, en algunos casos de más del 50 por ciento, lo que ha llevado al cierre de salas y servicios en las bibliotecas de Cuenca y Ciudad Real, según Alfaro.
Las asociaciones de bibliotecarios argumentan que el presupuesto «ideal» para el sostenimiento de las casi 500 bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha no superaría los dos millones de euros y añaden que si las Diputaciones colaboran con la Junta la situación podría solventarse con una aportación anual de un millón de euros por parte del Gobierno regional y 200.000 euros de cada Diputación.
Los bibliotecarios han destacado, en particular, el perjuicio que la falta de este servicio ocasiona en la población rural, donde las bibliotecas son «el único centro alternativo de la población como centro de ocio sano», ha subrayado Alfaro.
En este sentido, han enumerado que las bibliotecas no sólo realizan sus habituales actividades de animación a la lectura y acercamiento de la cultura al ciudadano sino que prestan apoyo educativo a los niños y ayudan a realizar gestiones a desempleados y a otros sectores de la población.
Los bibliotecarios han explicado que el esfuerzo deben hacerlo las tres administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones y Gobierno regional.
Carrascosa ha señalado que el servicio de bibliotecas municipales no es obligatorio en municipios de menos de 5.000 vecinos, que son la mayoría de las localidades de Castilla-La Mancha y ha lamentado la «falta de sensibilidad política» sobre este servicio público que llega casi el cien por cien de los ciudadanos y es utilizado «casi tanto» como la sanidad.
Por su parte, Cruz Arias ha señalado que la situación «se ha agravado» con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada en 2013.
Las asociaciones de bibliotecarios han organizado una concentración este sábado, día 17, en la plaza de Zocodover de Toledo, de 12:00 a 14:00 horas.
Y durante esta misma franja horaria se mantendrá una concentración virtual con el hastag #BibliodestrucciónCLM.