El actual equipo de Gobierno de la Diputación de Albacete va a iniciar un expediente, de ‘Declaración de lesividad’, para anular el convenio suscrito por los anteriores gestores de la institución provincial con la SAD Albacete Balompié.
El objetivo del expediente es que se analice si los términos del documento firmado entre el anterior Gobierno provincial y la Presidencia del club de Segunda división podrían causar daño a los intereses públicos «y, si es así, cupiera impugnación contencioso-administrativa para su anulación».
Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el vicepresidente de la Diputación albaceteña, Agustín Moreno, quien ha asegurado que existe un acuerdo entre los grupos políticos del PSOE, IU-Ganemos y Ciudadanos para adoptar esta decisión.
El expediente responde, así, a la reclamación por parte del Albacete Balompié de 600.000 euros, según reflejaba el convenio, rubricado el 12 de junio de 2015 por el exvicepresidente de la Diputación de Albacete, Constantino Berruga, y el presidente de la SAD Albacete Balompié, José Miguel Garrido.
Moreno ha asegurado que los servicios técnicos jurídicos de la institución han iniciado los trámites correspondientes por tres causas: «la situación económica actual, las prioridades de nuestros pueblos y la obligación de atender por ley los derechos de los trabajadores», ha explicitado.
Ha argumentado que «la situación de la Diputación y el plan de emergencia social» a los que debe hacer frente el actual equipo de Gobierno «están muy por delante de dedicar 600.000 euros a una Sociedad Anónima Deportiva» y, ha matizado, que «aún así, y sabiendo que hay muchas cosas que atender, nos preocupa también el deporte», por lo que ha defendido la existencia de un convenio con la Fundación Albacete.
Moreno ha recordado que el Grupo Socialista ya se opuso en su momento al acuerdo con el Albacete Balompié y repasó lo sucedido desde que, el pasado 25 de febrero, el club deportivo entrara en fase de liquidación.
«El PP celebró dos plenos para poder aprobar este convenio, con un tema que no podían poner encima de la mesa por los informes», ha relatado Moreno, en referencia a los reparos que, hasta en dos ocasiones, formalizó la Intervención de la Diputación por un posible incumplimiento de la Ley General de Subvenciones al existir deudas tributarias y con la Seguridad Social.
El vicepresidente ha admitido que fue a finales de septiembre, tres meses después de que se firmarse el acuerdo, cuando el club «presentó finalmente el certificado de que ya había pagado y cumplía con sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social».
En ese periodo, el vicepresidente ha desvelado que se reunió con la dirección del club hasta tres veces, con la presencia en las reuniones del interventor de la Diputación, «y siempre les hemos dicho lo mismo, que había que estar al corriente, pero que no era lo único», ha concluido.