Los gobiernos autonómicos de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana presentarán sendos recursos ante el Supremo contra la decisión del Gobierno de repercutirles una corrección financiera por inadmisibilidad de ayudas por superficie de pastos de 2011 a 2013.
Según ha informado a Efe el secretario autonómico de Agricultura de la Comunitat Valenciana, Francisco Rodríguez Mulero, estas cuatro comunidades actuarán de forma coordinada, si bien hay otras cinco regiones sancionadas: Castilla y León, Cantabria, Asturias, Baleares y Aragón.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy varios acuerdos del Consejo de Ministros en los que se resuelve repercutir a las citadas regiones una corrección financiera de más de 270 millones de euros, siendo Extremadura la más afectada, con cerca de 80 millones.
Le siguen Andalucía (69,5 millones), Castilla y León (58), Castilla-La Mancha (33), Cantabria (6,5), Comunitat Valenciana (4,9), Asturias (2,3), Aragón (440.000) y Baleares (204.000 euros).
«Tras haber agotado la fase administrativa, hemos decidido presentar de forma individual y en conjunto un recurso ante el Supremo y pedir la suspensión cautelar de esta decisión del Consejo de Ministros hasta que el Tribunal Europeo no resuelva un recurso previo del Gobierno español sobre este mismo asunto», ha explicado Rodríguez Mulero.
El origen de este asunto está en el criterio que las comunidades autónomas siguieron para la solicitud de las ayudas, que en muchos caso no se corresponden con las consideraciones de la Comisión Europea.
«Se conocen desde hace tiempo las correcciones financieras que la Comisión quería aplicar al Gobierno, y de hecho el Ejecutivo las ha recurrido, pero ha llegado el momento en el que esas correcciones ya se han de aplicar y hay que devolver el dinero a Bruselas y el Gobierno ha repercutido la responsabilidad a las comunidades autónomas porque fueron éstas las que gestionaron las solicitudes», ha agregado.
«Sin embargo, entendemos que la competencia exclusiva de transposición y coordinación de la acción de las comunidades frente a la UE es exclusiva del Gobierno, como reflejan varias sentencias del Supremo», ha explicado el secretario autonómico de Agricultura.