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Hay un juicio pendiente 07/03/2014junio 9th, 2017

La Comisión Gestora que dirige la Cámara de Comercio de Albacete ha cerrado «prácticamente» los acuerdos con los empleados de la entidad, paso previo para «llegar a la finalización del proceso de disolución de la Cámara», según ha detallado hoy el delegado de la Junta en Albacete, Javier Cuenca.

Cuenca se ha pronunciado así, a preguntas de los medios en una rueda de prensa, sobre la situación de este organismo y el hecho de que se ha alcanzado un acuerdo con todos los trabajadores, inmersos en un proceso judicial para reclamar lo que se les adeuda.


La situación que queda por resolver es la del secretario de la entidad, que sí sigue trabajando en la misma.

El delegado sindical, el otro empleado que junto al secretario seguía en la Cámara desde que se aprobara el ERE por el que se despidió al resto, entrará en ese acuerdo que se ratificará «en fechas próximas», según Cuenca.

«Los acuerdos están prácticamente cerrados en su totalidad. La voluntad desde el primer momento, por parte de la Comisión Gestora que tramita la disolución de la Cámara, era que existiera un diálogo y una negociación colectiva con el mayor consenso posible para no perjudicar la situación a la que se había visto abocada la Cámara de Comercio», ha insistido el delegado de la Junta.

Ha matizado que han buscado «no escatimar esfuerzos para llegar con todos y cada uno de los trabajadores al consenso, que es nuestra máxima prioridad con el tema de la disolución de la Cámara de Comercio de Albacete».

«Nuestra intención es que en las próximas fechas, de forma inmediata, podamos llegar a la finalización del proceso de disolución de la Cámara», ha reconocido.

Cuestionado sobre qué pasará con el patrimonio de la Cámara, cuya sede en pleno centro de la ciudad fue declarada recientemente por la Junta edificio protegido, ha recordado que deben tramitar el pago de las deudas con la Seguridad Social y Hacienda pero que el Gobierno regional quiere «que en la mayor medida dicho patrimonio vaya destinado al interés general de los ciudadanos de Castilla-La Mancha».

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