La patronal Asaja y los sindicatos CCOO-Industria y UGT-FICA han alcanzado este viernes un acuerdo para la firma del convenio colectivo provincial del Campo de la provincia de Ciudad Real, que afecta a más de 14.000 personas, incluyendo fijas-discontinuas, y que llevaba caducado y en ultraactividad desde el fin de 2020.
El convenio acordado tendrá una vigencia fundamentalmente retroactiva, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de este año 2023; y trata esencialmente de adecuar las tablas salariales a los SMI vigentes en cada de uno de los tres años afectados; pues varias de las categorías profesionales del sector estaban por debajo.
CCOO-Industria y UGT-FICA confían en que el acuerdo de hoy inaugure una nueva etapa en las relaciones laborales en el sector, fundamental en la provincia de Ciudad Real.
«Patronal y sindicatos deberemos constituir en breve la mesa de negociación del próximo convenio colectivo. Mostramos nuestra disposición a acudir con voluntad de dialogar, negociar y acordar y esperamos esa misma disposición por parte de la representación empresarial», aseguran en un comunicado conjunto.
Un convenio para normalizar las relaciones
Por su parte, el director gerente de Asaja Ciudad Real, Agustín Miranda, ha indicado que este convenio llega para normalizar la relación laboral de los agricultores y ganaderos de la provincia con sus trabajadores, estructurando el acuerdo y que pueda «responder a las subidas del SMI que cada año ha venido marcando el Ministerio de Trabajo» y que ha supuesto un incremento del 46,75% en el último lustro.
Ha señalado que «este acuerdo no supone ningún coste añadido para el agricultor, el objetivo del presente complemento era estructurar las modificaciones que han generado las subidas del SMI».
En este sentido, Miranda ha insistido en que «aunque no había convenio en vigor desde 2021, los profesionales del campo de la provincia han pagado conforme a la legalidad vigente, con salarios por encima del SMI».
Por último, el director gerente ha reconocido que han sido «negociaciones difíciles por el impacto que ha generado la intrusión del Ministerio, desvirtuando la negociación colectiva entre los representantes legítimos».