La Plataforma de Agricultura y Ganadería Ecológica de Castilla-La Mancha ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la región una querella por prevaricación contra el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, a quien responsabilizan de una pérdida de 200 millones de euros en ayudas para un total de 5.373 familias, en siete años.
Los agricultores justifican su querella en la decisión del Gobierno de Page de llevar cabo un recorte del 67 % de la ayuda a la agricultura ecológica, una vez que estaba publicada la orden de ayudas y las solicitudes presentadas.
«No les importó que la convocatoria estaba aprobada»
Así, recuerda que la ayuda a la agricultura ecológica se publicó en marzo de 2015 y los agricultores solicitaron la ayuda hasta mayo de ese año, pero posteriormente, con el cambio de Gobierno y la entrada en él de Page, el 11 de agosto, la redujeron, por primera vez, y el 9 de octubre de 2015 otra vez hasta un 67 %.
Una decisión que, según apuntan, tomaron “sin importarles que la convocatoria ya estaba aprobada y que los agricultores ya habían adquirido compromisos de gastos para realizar dicha actividad durante un periodo de 5 años”.
En este punto, los denunciantes argumentan que el Tribunal Supremo tiene establecida la jurisprudencia de tal modo que, “una vez que la subvención ha sido anunciada y regulada normativamente, termina la discrecionalidad y comienza la regla y el reparto concreto escapa del puro voluntarismo de la Administración».
Y abundan: “el otorgamiento de la subvención ha de estar determinado por el cumplimiento de todas las condiciones exigidas por la normativa correspondiente, pues de lo contrario resultaría arbitraria y totalmente atentatoria a la seguridad jurídica, la discrecionalidad del actuar de la Administración.”.
Acusan al Gobierno de Page de hacer «caso omiso» al Tribunal
Por ello, acusan al consejero de Agricultura -contra quien se ha abierto la denuncia, aunque está abierta a que se puedan imputar otros altos cargos del Gobierno de Page- de “hacer caso omiso” a lo establecido por el Tribunal Supremo y llevar a cabo el recorte de las ayudas, a sabiendas de que esto era ilegal.
«¿Se imaginan que después de realizado y corregido el examen de una oposición modificasen la puntuación de cada pregunta para alterar el resultado? Pues lo mismo hizo el Gobierno de Page», ha defendido la Plataforma de Agricultura Ecológica, que remarca que el recorte era ilegal porque la ayuda estaba publicada y «había 1.471 millones de euros de presupuesto».
A ello suman que además se da la circunstancia de que han dejado sin gastar 700 millones de los fondos europeos agrícolas, «por lo que no se entiende el recorte ilegal» y que, «a sabiendas de que estaban actuando mal», decidieran quitar a los agricultores el 67 % de las ayudas, lo que supone 200 millones de euros.
«Y nos preguntamos, ¿dónde están esos 200 millones?, ¿quién se ha beneficiado de ellos?», subraya la Plataforma, que asegura que estos hechos fueron admitidos por el propio Martínez Arroyo ante el comisario europeo de Agricultura, por lo que entienden que «ha existido prevaricación» por su parte y, por ello, han presentado la querella.
Una querella, concluyen, que «no les debe coger por sorpresa», ya que en noviembre de 2022, ante la negativa de la Consejería de Agricultura de aportar la información solicitada sobre dicho recorte, les comunicaron su intención de presentarla.