El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha explicado que desde el Ejecutivo regional se ve en la flexibilización de la PAC aprobada por los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea «un importante reconocimiento a los profesionales del sector agrario y un paso más hacia una transición a un ritmo sostenible y asumible para todos».
Asimismo, ha destacado que el Ejecutivo castellanomanchego está liderando la defensa de los intereses del sector agrario ante las instituciones europeas. «El presidente García-Page intervino hace menos de un mes en el Comité de las Regiones para exponer y defender la realidad del sector agrario».
Sobre esta aprobación, el vicepresidente segundo ha explicado que esta luz verde definitiva a la reforma de la Política Agrícola Común cuenta ahora con el visto bueno definitivo de los Estados miembros. Esto supone «el último paso necesario antes de que, tanto el Consejo como el Parlamento Europeo, que ya dio su visto bueno a esta reforma hace menos de un mes, firmen el reglamento para que este sea publicado en el Diario Oficial de la UE», según ha expuesto Caballero.
Esta flexibilización, tal y como ha explicado el vicepresidente segundo, ha sido trasladada a las instituciones europeas por el Gobierno de Castilla-La Mancha del presidente Page. El objetivo es simplificar y reducir la carga administrativa para ofrecer mayor flexibilidad a la hora de cumplir determinadas condiciones medioambientales, garantizando un marco predecible para los agricultores. Además, Caballero ha señalado que, según las reformas propuestas, quedan eximidos de los controles de condicionalidad los agricultores cuya explotación tenga un tamaño no mayor de diez hectáreas, que suponen prácticamente el 50 por cierto de los solicitantes de la Política Agraria Común en la región y que afectan a 50.000 agricultores de Castilla-La Mancha.
Sobre plazos y fechas, el vicepresidente segundo del Gobierno regional ha explicado que los agricultores podrán aplicar de forma retroactiva algunas de las nuevas normas relacionadas con las condiciones medioambientales para el año de solicitud, 2024. Además, ha señalado que está previsto que las nuevas medidas entren en vigor a finales de mayo, según han confirmado desde las instituciones europeas.
«Tenemos que ser conscientes y hacer consciente a Europa de la necesidad de una transición ecológica a un ritmo sostenible, porque la sostenibilidad debe ser un proceso», ha reafirmado. En este sentido, el vicepresidente segundo ha explicado que «desde el Gobierno de Castilla-La Mancha creemos que debemos volver al concepto de transición, en que la sostenibilidad sea ambiental, social y económica, y reducir al máximo los trámites burocráticos».
Sobre este tema, Caballero ha señalado que no se puede negar el cambio climático y que las instituciones, los partidos políticos y los colectivos implicados deben defender unidos una transición equilibrada, sostenible y asumible para todos. «Los agricultores y ganaderos también son víctimas del cambio climático y están demostrando una enorme profesionalidad y un gran compromiso con la tierra que le da sus frutos», ha concluido, a la vez que ha señalado la importancia de que «todos los eslabones de la cadena tienen derecho a obtener rentabilidad».
Negociación de la financiación de la agricultura ecológica en la PAC
El vicepresidente segundo ha recordado que, como ya explicó el presidente Page en su reciente viaje a Bruselas, uno de los principales retos es negociar que la financiación para la agricultura ecológica pueda entrar en el Pilar 1 de la Política Agraria Comunitaria, es decir, «en la primera división de los fondos europeos agrarios, para que puedan contar con más presupuesto y, además, que este sea ampliable», ha señalado Caballero.
Para concluir, el vicepresidente segundo ha explicado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, de cara a esta próxima negociación, se apuesta porque para llegar al objetivo del 25 por ciento de la superficie agraria europea vinculada a la producción ecológica, «es imprescindible que esta se incluya de manera reforzada y con más presupuesto en el Pilar 1 de la PAC».
Asaja, «parcialmente satisfecha»
El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha asegurado que la aprobación este lunes por parte de los países de la UE de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para suavizar algunas exigencias y dar más flexibilidad a los productores ha dejado «parcialmente satisfecha» a esta organización agraria.
Así lo ha manifestado a preguntas de los medios de comunicación este martes en Ciudad Real, donde ha participado en el seminario ‘Europa, el campo y los ciudadanos’, incluido en el ciclo ‘Castilla-La Mancha en Europa’ que organiza el Centro de Estudios Europeos ‘Luis Ortega Álvarez’ de la Universidad regional y la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades.
«Se puede exigir más Europa en cuanto a la PAC»
Barato ha asegurado que Asaja está satisfecha «con lo que está hecho, pero con lo que no está hecho, no podemos estar satisfechos», en clara alusión a que aún hay aspectos de la PAC con los que la organización agraria está disconforme.
Barato ha indicado que el Consejo adoptó este lunes formalmente esos ajustes, que tienen en cuenta “los acontecimientos geopolíticos, como las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania y de los fenómenos meteorológicos extremos”.
Y ha asegurado que Asaja «no cuestiona a Europa, que es necesaria e imprescindible» y, por lo tanto, «cuanto más Europa mejor», si bien ha asegurado que «se le puede exigir más».
En este sentido, ha apuntado que Europa, de cara al futuro, «lo que tiene que hacer es contar con un sector imprescindible como es el sector agrícola y ganadero», y ha añadido: «no se puede cuestionar al sector agrícola».
A juicio del líder agrario, «las decisiones que se tomen en Europa tiene que estar basadas en el rigor científico» y, por este motivo, ha abogado por contar con las Universidades en el futuro para tomar decisiones y elaborar los reglamentos comunitarios.
«En el futuro hay que contra con un mayor presupuesto para la PAC»
Barato ha insistido en que esta organización agraria no está en contra del Pacto Verde, sino de las decisiones que, a costa del Pacto Verde, se están adoptando, y ha cuestionado algunos aspectos de la Ley de Bienestar Animal, como aquel que limita la producción avícola, porque dicha decisión «tiene un alto impacto en el precio de los alimentos, concretamente, del pollo».
Con todo, ha señalado que «hay una oportunidad de futuro» después de que los países de la UE se hayan dado cuenta de que el sector agrario no era el problema y ha pedido reflexionar sobre las decisiones que tienen que ver con la geopolítica, puesto que estas decisiones tienen una influencia importante en el precio de los alimentos.
También ha llamado la atención sobre la necesidad de contar en el futuro con mayor presupuesto para la PAC, para garantizar la seguridad alimentaria en Europa, al tiempo que ha advertido sobre la necesidad de exigir a los terceros países el cumplimiento de las cláusulas espejo.