La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha denunciado este miércoles que la nueva Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra «conlleva la expropiación de explotaciones, lo que no se justifica con la incorporación de jóvenes al sector en la región».
En un comunicado, la Unión ha manifestado que «el Gobierno regional devuelve a la Unión Europea (UE) 700 millones de euros en ayudas a la agricultura y ganadería castellano-manchegas, al tiempo que destina otros 500 millones del Programa de Desarrollo Rural a mantener una empresa privada, Geacam«.
«Los importes podrían usarse para ayudas a jóvenes agricultores o proyectos»
«Dichos importes podrían utilizarse para destinar ayudas a jóvenes agricultores o proyectos en curso», ha propuesto la organización agraria, que estima que la devolución de dicho importe «ha supuesto un recorte de un 30 por ciento del presupuesto europeo para el desarrollo rural en Castilla-La Mancha».
Además, la Unión ha acusado al Ejecutivo autonómico de «restringir el acceso al sector agropecuario al limitar la ayuda para incorporación y obligar a comprar maquinaria nueva a precios prohibitivos, mientras que los precios de los productos son ruinosos y los insumos están a unos precios astronómicos».
«Los jóvenes no pueden adquirir tierras»
A su entender, todo ello imposibilita que los jóvenes puedan adquirir tierras: «El joven se encuentra con un sector en el que el precio de los productos que él vende es ruinoso», ha reiterado.
«La política agrícola del Gobierno de Castilla-La Mancha ha creado unas condiciones artificiales que merman la libertad de acción de agricultores y ganaderos y después las aprovecha para robar las tierras a sus propietarios«, ha sostenido la Unión.
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