La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha reiterado su condena a los ataques contra el vino español perpetrados en la frontera francesa y ha solicitado a las autoridades competentes una defensa firme del sector vitivinícola.
En una reunión con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, desde UPA le han mostrado su preocupación por los continuos agravios sufridos por los viticultores españoles.
«Hemos pedido al consejero que transmita al Ministro de Agricultura la necesidad de que su homólogo francés garantice el respeto a nuestro sector», declararon los representantes de UPA.
A la Consejería se le ha remitido el punto de vista de UPA sobre el borrador de la norma de comercialización presentado por la Interprofesional del Vino de España, que plantea penalizaciones a parcelas con sobreproducción.
Desde UPA se muestran contrarios a esta medida, argumentando que «penaliza al agricultor por decisiones que no están bajo su control, como el destino final de sus uvas», señalaron.
Y subrayan la importancia de aplicar las herramientas ya existentes, como el control de rendimientos establecido en el Real Decreto, que limita la producción a 18.000 kilos por hectárea para variedades tintas y 20.000 para blancas.
«Un control riguroso garantizaría una gestión más eficiente de la sobreproducción y protegería al sector».
Asimismo, indican que, si los consejos reguladores hicieran un control eficaz y radical de rendimientos de las parcelas acogidas a las denominaciones de origen, «frenaríamos el potencial productivo de la región».
UPA solicita, además, que vuelva a publicar la limitación del contenido mínimo que tiene que tener la graduación de la uva, y que tenga continuidad en el resto de campañas, independientemente de la producción existente.
«Es flaco favor el que se hace al sector, si se permite que cooperativas y bodegas puedan admitir uva con menos de esa graduación».
Alegaciones a la futura ley de restructuración de viñedo
UPA ha hecho alegaciones a la futura ley de restructuración y reconversión de viñedo.
Desde la organización agraria consideran que se debe paliar el efecto negativo que ha tenido la aplicación de la puntuación de zonas de despoblamiento frente al resto de viticultores.
«Es cierto que ha habido una gran demanda, rondando los 80 millones de euros en solicitudes; lo que da buena señal de la efectividad, y la continuidad de la medida en el futuro para que sirva de adaptación a las nuevas tendencias del mercado de nuestro viñedo; que ayude a ser competitivo», han indicado.
Se incluye, en esta misma temática, reducir la puntuación por pertenencia a EAPIR (Entidades Asociativas Prioritarias), debido a que no todos los viticultores tienen acceso a ellas, con lo que puede derivar en un efecto discriminatorio.
Mientras que la rebaja de 75% a 65% de la financiación de la subvención, así como las rebajas de la puntuación de agricultura ecológica, hacen necesaria una revisión.
En UPA consideran que se debe crear un nuevo perfil, primordial en las puntuaciones: primar a aquellas explotaciones que tengan de superficie entre 10 y 50 hectáreas.
«Creemos que son las medianas explotaciones y que mantienen a los agricultores profesionales. Estas alegaciones revertirían a que los agricultores profesionales, los ATP, no se queden sin poder optar a las medidas de restructuración y reconversión del viñedo».
Además de las mencionadas, UPA ha pedido al consejero que transmita al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación que reconsidere su posicionamiento en contra del arranque y que se ponga en marcha con fondos extraordinarios.
En UPA consideran que, ante una medida extraordinaria como es el arranque, se debe contar con fondos extraordinarios, para paliar el abandono del viñedo y la ruina de los viticultores.