La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha pedido a Castilla-La Mancha que revise en profundidad el plan económico financiero presentado y recoja una senda factible de consolidación.
Además, el informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2016 de las Administraciones Públicas, difundido hoy, señala que el desvío del déficit marcado en el 3,7 por 100 del PIB por Bruselas provendrá de la Administración Central y de un mayor déficit de la Seguridad Social.
La AIReF pronostica, en el mejor de los casos, un déficit del 4,1 por 100 del PIB a cierre de 2016, teniendo en cuenta la aplicación estricta de los acuerdos de no disponibilidad aprobados por el Ejecutivo en funciones y el aumento del pago fraccionado a un tipo mínimo del 20 por 100.
Aunque ha avisado de que el déficit público podría dispararse hasta el 4,7 por 100 del PIB en 2016, sin medidas como el aumento del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades.
Fuentes gubernamentales han confirmado hoy que en las alegaciones remitidas a Bruselas el Ejecutivo en funciones ha propuesto un aumento del tipo mínimo del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades del 20 por 100 sobre el resultado contable, con el fin de recaudar 6.000 millones de euros.
Sin embargo, fuentes de la AIReF se muestran pesimistas sobre la previsión de recaudación y afirman que es «poco factible», al igual que la estimación del Ejecutivo de unos 1.000 millones de euros de ahorro por el cierre adelantado, precisamente hoy, de los Presupuestos Generales del Estado de 2016.
«Se trata de una contención adicional que es muy difícil de cuantificar», indican las fuentes de la Autoridad Fiscal, que han expresado sus «dudas» sobre todo porque aún no se ha cerrado la orden de no disponibilidad de 2.000 millones de euros.
La AIReF lamenta que sólo se haya instrumentado alrededor del 80 por 100, unos 1.600 millones de euros, del acuerdo de no disponibilidad por parte de las administraciones.
«El mayor riesgo para el déficit se produciría si no se aplicasen en 2016 medidas de aumento del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades e igualmente es relevante la incertidumbre sobre la eficacia final del acuerdo de no disponibilidad», señalan las fuentes, que critican la «falta de exigencia» de la regla de disciplina presupuestaria.
Por todo ello, la Autoridad Fiscal Independiente urge a que se cree un mecanismo de control mensual de las cuentas de la Administración Central y que remita los informes a las Cortes, así como la adopción de medidas que garanticen el equilibrio financiero del Sistema de la Seguridad Social en el marco del Pacto de Toledo.
Asimismo, pide que el Ministerio de Hacienda haga un seguimiento efectivo de las medidas adoptadas por las comunidades autónomas y exija el requisito del acuerdo de no disponibilidad para poder acudir al Fondo de Liquidez Autonómica 2016.
También, que las comunidades de la Región de Murcia, de Valencia, Extremadura, Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha revisen en profundidad los planes económicos financieros presentados y recojan una senda factible de consolidación.
Precisamente, sobre el cumplimiento del objetivo de las CCAA del 0,7 por 100 del PIB para 2016, la AIReF lo ve «factible», aunque lo tacha de «poco ambicioso».
El informe de la Autoridad Fiscal es tajante en que las cuentas públicas han sufrido un «progresivo deterioro» desde abril, lo que hace que el objetivo de déficit del 3,7 por 100 del PIB tenga «una vida muy corta».
Explica que ello se debe a la menor recaudación y al impacto negativo que tuvo la reforma tributaria, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF, y que ha sido «superior al estimado».
Además, alude a que tampoco se está materializando la recuperación de los precios, que puede situarse casi un punto porcentual por debajo de lo previsto hace tres meses, pese al crecimiento de la economía.
En cuanto a las cuentas de la Seguridad Social, la AIReF ve una «práctica certidumbre de incumplimiento» del objetivo de déficit del 1,1 por 100 del PIB para 2016 y prevé que se desvíe hasta el 1,6 por 100.
Sólo en las cuentas de las corporaciones locales ven «práctica certidumbre de cumplimiento» del superávit del 0 por 100 previsto, aunque avisa de una tendencia en 16 ayuntamientos con población superior a 250.000 personas a reducirlo.
La Autoridad Fiscal sitúa la deuda pública en el 99,5 por 100 del PIB este año, cuatro décimas más del 99,1 por 100 que el Gobierno estima en el programa de Estabilidad Presupuestaria.