Albacete es la única capital de provincia de Castilla-La Mancha que cumple la Ley Morosidad, mientras que Cuenca es la ciudad que más tarde paga las deudas con sus proveedores, 93 días, según un informe elaborado por la Asociación de Autónomos de Castilla-La Mancha (ATA-CLM).
El informe, realizado con datos del Ministerio de Hacienda, recoge que en el segundo cuatrimestre del año, de abril a agosto de 2015, los ayuntamientos de las capitales castellano-manchegas han incrementado en nueve días el plazo de sus facturas con los proveedores, pasando de 38,2 días a 47,3.
En concreto, Albacete es la capital de provincia cuyo ayuntamiento no solo cumple la Ley de Morosidad sino que es el único que en el segundo cuatrimestre del año ha reducido su periodo medio de pago a proveedores, pasando de pagar en 27,6 días a 21,6.
Por su parte, el Ayuntamiento de Toledo está «casi cumpliendo» la Ley de Morosidad, pues -según ATA- tarda 34,5 días de media en pagar a sus proveedores.
La asociación de autónomos lamenta, sin embargo, que el Consistorio toledano ha pasado de cumplir la legislación en abril a no hacerlo ahora, «al incrementar su tiempo de demora en casi cinco días».
Ciudad Real paga sus facturas en 40,6 días y una semana después de lo que lo hacía en abril, mientras que en Guadalajara los proveedores cobran en 46 días, al incrementarse en casi once días desde abril el tiempo medio de pago.
La capital de provincia que más tarda en pagar las facturas contraídas con sus proveedores es Cuenca (93,7 días), triplicando lo establecido por ley, y es la capital que más ha incrementado en días su demora, sumando 27,1 días de retraso en cuatro meses.
ATA también se refiere a los datos de morosidad de Talavera de la Reina (Toledo), que ha pasado de pagar en 45 días en abril de 2015 a 49 en agosto del mismo año.
Ante estos datos, la Asociación regional de Autónomos ha pedido la puesta en marcha de diferentes medidas, entre otras, la creación de un cuerpo de inspección que vigile la morosidad.
También han reclamado que se establezca un recargo del 20 por ciento inmediato para las administraciones que no paguen en los plazos que establece la Ley de Morosidad o que la Comisión Nacional de la Competencia asuma los plazos de pago como un instrumento de competencia desleal.