Ildefonso Ortega, en primer término; al lado, Juan Pedro Hernández Moltó.
La Fiscalía Anticorrupción pide para el expresidente de Caja Castilla La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega la pena de dos años y seis meses de prisión.
Así figura en el escrito de acusación presentado hoy en la Audiencia Nacional por la Fiscalía Anticorrupción ante la causa abierta contra Hernández Moltó y Ortega, al que ha tenido acceso Efe.
La Fiscalía Anticorrupción también pide la inhabilitación para ejercer a cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero durante el tiempo de la condena, y costas.
En un escrito remitido al juez de la Audiencia Pablo Ruz, que el pasado 3 de octubre dio el primer paso para sentarles en el banquillo, el Ministerio Público acusa a ambos de un delito societario, por el que solicita su inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero durante el tiempo que dure la condena.
La Fiscalía no pide así ninguna responsabilidad civil ni les acusa del delito de administración desleal que sí encontró Ruz, que en su auto consideraba indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una «notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación».
Sin embargo, el fiscal se ciñe a un delito societario cometido mediante una «maniobra contable» con la que «los acusados lograron que los estados financieros de CCM, tanto individuales como consolidados, reflejaran beneficios en lugar de pérdidas».
Así, relata que en el año 2008 la entidad atravesaba una situación de falta de liquidez, «debida en gran parte al deficiente control en la gestión del riesgo, el incremento de la morosidad y el deterioro de las inversiones ligadas al sector promotor, que comprometía gravemente la viabilidad futura de la entidad».
Dicha situación fue advertida por el Banco de España, que en octubre de 2008 realizó una serie requerimientos a Hernández Moltó.
Le pedía que «pusiera especial interés en la correcta contabilización y cobertura de las operaciones crediticias», lo cual requería dotar unas provisiones específicas de 245 millones, y hablaba además de unas minusvalías de 196 millones que afectaban a las acciones de las sociedades cotizadas Afirma Grupo Inmobiliario, Inmobiliaria Colonial y Parquesol Inmobiliaria y Proyectos.
El 10 de febrero de 2009, Ortega, «con la aquiescencia de su superior», remitió al supervisor los estados financieros individuales y consolidados de la caja a 31 de diciembre de 2008 «en los cuales no se habían atendido los requerimientos» y «no se reflejaba por tanto la situación financiera real de la entidad».
Dichos estados arrojaban un beneficio consolidado de 29,86 millones, cuando por efecto del ajuste exigido por el Banco de España, señala el fiscal, habrían debido registrar unas pérdidas «de al menos» 119,029 millones en los estados individuales y de 182,24 millones en los consolidados.
Poco antes de que publicaran esas cuentas, el 28 de marzo de 2009, el Banco de España sustituyó el Consejo de Administración de CCM y el nombramiento de tres funcionarios del supervisor como administradores provisionales de la entidad, tras lo cual el Consejo de Ministros aprobó una inyección de fondos públicos de 9.000 millones.
Las cuentas definitivas presentadas por los administradores provisionales, que «tuvieron oportunidad de realizar un análisis más profundo de la situación real de CCM», recoge el escrito, reflejaron unas pérdidas de 762,149 millones en sus estados individuales y de 1.066,034 euros en los consolidados.