El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy la oferta pública de empleo de 2018, con un total de 3.442 plazas, de las que 1.413 son para sanidad, 1.050 para educación y 979 para la administración general de la Junta.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado de esta convocatoria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Ha explicado que esta convocatoria ha recibido el visto bueno del ejecutivo después de haber sido analizada con los sindicatos en la mesa general de negociación del pasado 18 de septiembre, donde «no recibió ningún voto en contra», se abstuvieron el STAS y el Satse y el resto de los sindicatos votó a favor.
El consejero ha indicado que la oferta pública de empleo de 2017 (cuyo proceso selectivo está por realizar) y la de 2018 se van a acumular para hacer una oferta conjunta de los sectores de sanidad y administración general.
Así, el proceso selectivo para personal funcionario y laboral se va a aprobar antes del 31 de diciembre y ascenderá a 1.804 plazas (la suma de la oferta pública de empleo de 2017 y 2018).
En sanidad, por su parte, el proceso selectivo será para cubrir 3.617 plazas, también de la OPE de 2017 y 2018, y el proceso selectivo está previsto que se pueda realizar en el primer semestre del año 2019.
Por lo que respecta a la educación, que lleva ritmos distintos, el consejero ha dicho que el proceso selectivo de las 1.050 plazas tiene que estar terminado en julio para la incorporación en el curso 2019-2020, por lo que las pruebas del concurso oposición se convocarán para antes de abril del próximo año.
Se reservará el 7 % de las plazas para personas con discapacidad, ha recordado.
Ruiz Molina ha destacado que la previsión es terminar la legislatura con más de 12.000 plazas de nuevo ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que supondrá multiplicarlas por 17 respecto a la anterior legislatura y será el doble de lo inicialmente previsto por el ejecutivo.
Ha subrayado que se cumple el doble objetivo de «recuperar los estándares de calidad de los servicios públicos» y se blindan las plantillas para que los empleados públicos no puedan ser moneda de cambio para hacer ajustes presupuestarios.
Además, ha continuado, se reducirá la tasa de interinidad hasta llegar al 8 %, que será de las más bajas de España, ha subrayado Ruiz Molina, que ha recordado que esta es la tercera convocatoria de empleo público que realiza el actual gobierno.