Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, con el voto a favor de PSOE y Podemos y el rechazo del PP, el techo de gasto no financiero de la región para 2018, que asciende a 6.159,8 millones, con lo que se da el primer paso para iniciar la tramitación del presupuesto de la Junta para el próximo año.

Éste ha sido el tercer y último punto del orden del día de un pleno que comenzó a las 10.00 horas de ayer y que también ha acogido la aprobación definitiva de las cuentas públicas para este año, que ascienden a 8.941 millones, lo que suponen unos 22 millones más que el texto frustrado el 7 de abril y contemplan modificaciones por 60 millones fruto de la negociación con Podemos y una partida de 119 millones para la puesta en marcha del Plan de Garantías Ciudadanas.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado que con la aprobación del techo de gasto de 2018, que es un 3,1 por ciento superior al de 2017, se da «el pistoletazo de salida para el presupuesto de 2018», que ha definido como «la tercera anualidad del plan de recuperación económica y social fijado por Emiliano García-Page al inicio de la legislatura».

Un techo de gasto con las previsiones de crecimiento de tres años

Ruiz Molina ha explicado que, para calcular el techo de gasto, se han tenido en cuenta las previsiones de crecimiento para los próximos tres años elaboradas por el Ministerio de Hacienda, las previsiones de ingresos y el objetivo de déficit para el próximo año, fijado por el Gobierno central en el 0,4 por ciento del PIB.

[ze_summary text=»El objetivo de déficit para el próximo año, fijado por el Gobierno central, es el 0,4 por ciento del PIB»]El objetivo de déficit para el próximo año, fijado por el Gobierno central, es el 0,4 por ciento del PIB[/ze_summary]Así, ha indicado que el Ministerio prevé que el PIB español y también el castellanomanchego crecerán un 3 por ciento en 2017, 2,6 % en 2018, 2,5 % en 2019 y 2,4 % en 2020.

El Ejecutivo castellanomanchego ha abogado por utilizar estos datos para calcular su techo de gasto y «pecar de prudencia en las estimaciones de crecimiento», ya que el consejero de Hacienda ha señalado que otros estudios prevén un mayor crecimiento de la economía regional en los próximos años.

En cuanto a las previsiones de ingresos, Ruiz Molina los ha cifrado en 5.849 millones de euros, el 85 por ciento de los cuales son entregas a cuenta del sistema de financiación de las comunidades autónomas y la previsión de liquidación del ejercicio de 2016, que ascienden a 4.974,6 millones de euros, según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda.

La tercera magnitud que ha usado Ruiz Molina para calcular el techo de gasto ha sido el objetivo de déficit del 0,4 % para 2018 aprobado por el Gobierno central, que son 309 millones, y aunque se ha mostrado en contra de este límite, ha manifestado el compromiso del Ejecutivo regional de respetarlo.

Con todo ello, Ruiz Molina ha fijado el límite de gasto no financiero de la Junta para 2018 en 6.159,8 millones de euros, que son «188 millones más para distribuir en políticas de gasto social».

PP: «No ofrece confianza ni seguridad a los ciudadanos»

Pero el portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, ha desgranado los argumentos por los que su grupo no podía apoyar este techo de gasto, ya que a su juicio, el Ejecutivo regional formado por PSOE y Podemos «no ofrece confianza ni seguridad a los ciudadanos» de Castilla-La Mancha.

Así, ha recordado varios acontecimientos políticos ocurridos en los últimos doce meses, como la ruptura del pacto de investidura por parte de Podemos en septiembre del año pasado, el anuncio de un acuerdo presupuestario entre ambas formaciones en enero de 2017, el rechazo de las cuentas por parte de Podemos en abril y la incorporación de la formación morada al Ejecutivo castellanomanchego hace tres semanas.

«Ustedes creen que con este recorrido vital de gobierno hasta llegar a hoy son dignos de crédito y de apoyo, pero yo creo que no. Exigen demasiado al PP», ha criticado Cañizares, que además ha acusado a ambas formaciones de saber que «las cosas no van a funcionar, que va a reventar por algún lado, que es una huida hacia adelante, que solo sirve para quemar etapas».

También ha considerado que la economía castellanomanchega, y debido a la acción el Ejecutivo regional, ha experimentado una desaceleración en su crecimiento.

En cualquier caso, ha considerado positivo que hoy se apruebe el techo de gasto para 2018, porque «es bueno que los presupuestos se aprueben a tiempo», aunque ha sospechado que ello ocurrirá «no para cumplir el Estatuto de Autonomía, sino porque no saben cuánto va a durar» el gobierno bipartito.

También la portavoz del PSOE en las Cortes, Blanca Fernández, ha celebrado que con la aprobación del techo de gasto, se da un paso para que el presupuesto pueda entrar en vigor el 1 de enero del próximo año y ha pedido a todos los grupos parlamentarios que trabajen para lograr este objetivo.

Podemos: «Apoyo crítico al techo de gasto»

Además, ha afirmado que «hoy es un buen día para la gente», porque se han aprobado los presupuestos de 2017 y se da el primer paso para aprobar el de 2018 y «con ello se afianza la reconstrucción» de Castilla-La Mancha.

Por su parte, el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha manifestado el «apoyo crítico» de su grupo al techo de gasto, pues ha afirmado que el techo de gasto no se decide en la región porque «es un cálculo técnico» basado en el objetivo de déficit y en el límite de deuda autorizado y, en cambio, su aprobación es necesaria para poder dar luz verde a los presupuestos autonómicos, que servirán para financiar los servicios públicos.

Llorente ha recordado que Podemos ha apoyado todos los años el techo de gasto, que «ha ido creciendo año a año y se ha hecho sin dejar de cumplir los objetivos de déficit impuestos por el Gobierno central».

Sin embargo, ha pedido que se realice una reforma tributaria, para llegar a una fiscalidad progresiva, y que se establezca un «suelo de ingresos», para reforzar el Estado de Bienestar y garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos.