La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha ha expresado su rechazo al proyecto de Ley de Tasas impulsado por el Gobierno regional, porque generará nuevos gastos al sector agrícola y ganadero y ha pedido que se incorporen sus propuestas al texto, que está en tramitación.
En un comunicado, Asaja ha hecho pública su postura ante la Ley de Tasas tras la reunión mantenida entre el secretario general de la asociación agraria en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y el portavoz del PP de las Cortes Regionales, Francisco Cañizares.
Fresneda ha advertido de que el aumento de gastos que suponen las tasas «difícilmente podrán repercutir» en el precio de venta de los productos y se ha mostrado contrario al incremento de algunas de las tasas ya existentes, además de la creación de otras nuevas.
Las tasas que gravan al sector ganadero han sido las más criticadas por Asaja, ya que este sector atraviesa una situación muy delicada e incluso han propuesto que se les excluya de cualquier tipo de gravamen.
En este sentido, la organización se ha opuesto a la creación de nuevas tasas por expedición de documentación y certificados oficiales como guías de origen y sanidad animal o certificado oficial de movimiento y tramitación de peticiones de elementos de identificación animal.
También ha tachado de abusivas las tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos, así como las previstas para las inspecciones previas en ayudas para inversiones a las explotaciones agrícolas y ganaderas, entre otras.
Para la organización, es «inadmisible» que se apliquen tasas a medidas cuyo cumplimiento viene obligado por normativas aprobadas previamente por la propia Administración regional.
En cambio, Fresneda ha mostrado su confianza en que el texto final de la ley incluya las demandas del sector y, con ese objetivo, Asaja de Castilla-La Mancha mantendrá reuniones con las consejerías de Agricultura y Hacienda, a las que le solicitarán un periodo de vigencia limitado de la ley por considerar que, en cualquier caso, se trataría de una medida excepcional para una situación de crisis económica.