Mañana martes 29 de marzo comenzará a funcionar en Castilla-La Mancha la Oficina Virtual de Asesoramiento Energético. Se trata de una oficina virtual que informará a los ciudadanos de todo lo relacionado con la situación de la energía hoy. Lo ha anunciado el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, durante la colocación de la primer piedra de un nuevo CEIP en El Viso de San Juan (Toledo). «Es una medida importante para atender e informar sobre el problema de la emergencia eléctrica y tarifaria», ha añadido.
Energías renovables para viviendas y empresas
«Mañana pondremos en marcha una oficina virtual, de atención por internet y telefónica, para informar en relación a la emergencia eléctrica y tarifaria». Este centro telemático ofrecerá formularios y para consultar los precios de la energía, así como la mejor manera de abordarlos, gestionarlos y reducirlos.»Entre otras cosas, esa oficina nos va a permitir gestionar en un año los 70 millones de euros para que tanto las viviendas como las empresas se adapten al modelo de energía renovable«, ha explicado Page.
Además, el presidente de la Junta ha dado a conocer que desde hoy CastillaLa Mancha es la primera potencia de energía renovable en España. «Éramos los segundos en producción de energía eólica y ya somos los primeros; y seguimos siendo la primera en energía fotovoltáica«.
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Castilla-La Mancha, primera potencia renovable de España
Por otro lado, ha avanzado que Castilla-La Mancha exigirá al Gobierno de España la misma excepcionalidad energética que Pedro Sánchez ha logrado de la Unión Europea para España. «Si España es una potencia renovable en Europa es porque hay regiones como Castilla-La Mancha que van por delante y no vamos a permitir que quienes producimos en renovables podamos tener problemas de abastecimiento energético cuando se quieren instalar empresas en nuestro territorio».
En este sentido, el presidente castellanomanchego ha calificado de «logro muy importante» haber sacado adelante la llamada «excepcionalidad ibérica», defendida por Pedro Sánchez. Esto supone que el precio del gas se sacará de la factura ordinaria de la luz y, además, el Ejecutivo podrá limitarlo.
