Castilla-La Mancha gastó en 2013 en servicios públicos fundamentales 5.802 euros por habitante, una cifra que se sitúa por debajo de la media nacional, que se fijó en 6.230 euros.
Las diferencias entre comunidades autónomas en gasto público por habitante en educación, sanidad y protección social alcanzan el 60 por ciento en 2013, pese a que las necesidades de los distintos territorios solo explican un tercio de esta desigualdad, que obedece a razones históricas y políticas.
Esta es una de las principales conclusiones del estudio «Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades» elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), presentado hoy y que recoge datos territorializados.
En concreto, Castilla-La Mancha gastó 859 euros en educación, frente a los 915 euros de la media nacional; 1.334 euros en sanidad, por debajo de los 1.357 euros de la media nacional, y 3.609 euros en protección social, también inferior a los 3.958 euros de la media nacional.
La distancia entre autonomías en gasto por habitante llega a 55 puntos porcentuales en educación, a 37 en sanidad y a 87 en protección social (incluye pensiones, desempleo, dependencia y servicios sociales y está gestionado en su mayoría por la administración central y la seguridad social).
El gasto en estos servicios públicos fundamentales representa el 60 % del gasto público total y un 41 % lo realizan las CCAA, mientras que el 40 % restante corresponde a la Seguridad Social, ha precisado Francisco Pérez, catedrático de la Universitat de Valencia y director de investigación del IVIE.
El profesor Pérez ha señalado que durante la crisis las imágenes del gasto en servicios públicos «reflejan luces y sombras»: por una parte, el sector público ha hecho un esfuerzo por mantener el gasto social (en 2013 se dedicó a los servicios sociales un 28 % del PIB frente al 23 % de 2007).
Pero, por otra, el gasto real por habitante se ha reducido (un 21 % en sanidad y un 22 % en educación desde 2009), los dos servicios gestionados por las comunidades autónomas, mientras que se ha preservado el gasto de las administraciones de la seguridad social.
Las diferencias van desde los 8.531,5 euros per cápita que gasta Asturias en esos servicios, los 8.360,2 de País Vasco, los 7.164,4 de Navarra o los 7.052,1 de Cantabria, frente a los 5.252,5 de Canarias, los 5.431,8 de Baleares, los 5.652,9 de Murcia y los 5.659,4 de Andalucía.
Más marcada es la distancia en el porcentaje del PIB regional dedicado a estos servicios, que oscila entre el 19 % de la Comunidad de Madrid y el 43 % de Asturias.
Los autores del informe han insistido en que las diferencias de gasto entre las CCAA no se explican por las distintas necesidades derivadas de factores como el porcentaje de niños o ancianos o la dispersión de la población. De hecho, no siempre las regiones con más necesidades por habitante gastan más.
Esas desigualdades se explican por razones históricas o políticas, como la foralidad (País Vasco y Navarra) o la valoración que se hizo en su momento de las competencias transferidas.
Para mitigar estas desigualdades, proponen que, en los años de bonanza, se cree un fondo de provisión para estos servicios públicos fundamentales, similar al fondo de reserva de las pensiones que ya existe.
El profesor Pérez ha subrayado que las diferencias territoriales de gasto público «no parecen compatibles con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos» entre los ciudadanos en función de donde residan, lo que, a su juicio, «mueve a la preocupación y exige explicaciones».
El informe pone de relieve que todas las comunidades han ajustado los gastos, pero sus niveles de partida eran muy diferentes. Así, País Vasco, Asturias y Navarra gastan más tras los ajustes que lo que gastaban otras antes de realizarlos (Baleares, Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía).
El profesor Pérez ha precisado que los esfuerzos por preservar los servicios públicos fundamentales no ha evitado las caídas del gasto por habitante, que es «lo que está detrás del malestar social».
A su juicio, si se quieren disminuir las diferencias, «hay que considerar la situación de las comunidades forales», aunque ha precisado que no se cuestiona su singularidad institucional sino «el resultado financiero» que se deriva, pero también hay que tener en cuenta el volumen de transferencias que hay que poner en manos de las comunidades para educación y sanidad.
Además de la creación de un fondo de provisión, los autores recomiendan diseñar las políticas con horizontes financieros a medio y largo plazo, promover acuerdos entre las administraciones públicas sobre los recursos comprometidos en las políticas de servicios públicos y adecuar los sistemas de financiación autonómica a la equidad territorial consagrada en la Constitución.