14 de las 17 comunidades autónomas incumplieron en 2014 el objetivo de deuda pública que tenían fijado, entre ellas Castilla-La Mancha que superó el límite en 1,3 puntos, y sólo Madrid, el País Vasco y Navarra cerraron el ejercicio dentro de los límites permitidos.
El Banco de España ha publicado hoy los datos de deuda de las administraciones públicas españolas en 2014, que muestran que las comunidades autónomas acumularon una deuda de 236.747 millones de euros, el 22,4 % del PIB.
Eso supone un incremento de 2,4 puntos en un año en el peso de la deuda en la riqueza de las autonomías y una desviación del 1,3 % respecto al objetivo fijado para el conjunto de las comunidades del régimen común.
Ese objetivo se acordó de forma individualizada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 31 de julio, mientras que los del País Vasco y Navarra se acordaron en sus respectivas comisiones mixtas de negociación de los conciertos económicos.
De las comunidades del régimen común, la única que cumplió fue Madrid, que tenía permitido un endeudamiento del 12,9 % del PIB y alcanzó el 12,5 %.
El País Vasco cerró el ejercicio con un endeudamiento del 13,9 % del PIB, el mismo que tenía autorizado, mientras que Navarra lo hizo en el 17,9 %, cuando podía haber llegado al 18,1 %.
Las otras catorce comunidades se desviaron del objetivo de deuda pública, en especial la Comunidad Valenciana, la más endeudada de todas, con un 37,9 % de su PIB y una desviación de 4,5 puntos; seguida por Baleares (3,3), Murcia (3,3), Cataluña (2,1) y Andalucía (2).
Castilla-La Mancha superó el límite en 1,3 puntos, Cantabria en 1,1, Asturias y Castilla y León en 0,9, La Rioja en 0,8, Aragón en 0,6, Extremadura en 0,5, Galicia en 0,4 y Canarias en 0,2.
Tras la Comunidad Valenciana, los principales endeudamientos fueron los de Castilla-La Mancha, con el 33,5 % del PIB; Cataluña, con el 32,4 %, y Baleares, con el 29,3.
La deuda creció en todas las autonomías respecto a diciembre de 2013, incluidas las tres que han cumplido el objetivo.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que cuando el Gobierno constate el incumplimiento del objetivo de deuda pública, del de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto, todas las operaciones de endeudamiento de la comunidad incumplidora precisará una autorización preceptiva.
Asimismo, las comunidades incumplidoras deberán realizar un plan económico-financiero con medidas de ajuste para corregir las desviaciones.