Las facturas pendientes de pago de las comunidades autónomas que se han acogido al plan de proveedores suman 17.255 millones de euros, de los que 2.510 corresponden a Castilla-La Mancha, el 14,5 por 100 del total.
Tras intervenir en la Junta Directiva de la CEOE, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha señalado que son cifras provisionales pero que, sumadas a las facturas presentadas por los ayuntamientos, supondrán una inyección de liquidez de 27.000 millones de euros «largos» para autónomos, pymes y grandes empresas.
El ministro ha aseverado que la liquidación de estas facturas pendientes de cobro se llevará a efecto en los meses de mayo y junio y ha destacado que esta operación financiera es «compatible» con los planes de estabilidad económica de las administraciones que tienen por objeto que este endeudamiento «no se vuelva a repetir».
El pasado domingo terminó el plazo para que las comunidades autónomas acogidas a este plan, todas excepto Galicia, Navarra y País Vasco, enviaran las facturas pendientes de pago al Ministerio de Hacienda para poder acogerse a las ayudas del Gobierno que les permita hacer frente a estas obligaciones.
El plan de pago a proveedores incluye un crédito sindicado de 35.000 millones de euros para que autonomías y ayuntamientos salden sus deudas.
Montoro ha destacado la importancia de este plan financiero que impulsará la recuperación económica y que ayudará a «ver cuanto antes el final de la crisis».
Asimismo, ha indicado que en todas las comunidades que han presentado relación de proveedores, estos serán atendidos y pagados y ha reiterado que el ministerio exigirá a la comunidad autónoma correspondiente un plan económico y financiero viable que haga posible la devolución del crédito.
Los Gobiernos autonómicos tienen de plazo hasta el 30 de abril para presentar estos planes ya que, según ha explicado Montoro, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reunirá en la primera quincena de mayo, examinará los presupuestos autonómicos para «que ninguna comunidad se desvíe de los objetivos de déficit público marcados».
En caso contrario, ha recordado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla medidas de prevención, de sanción y de intervención en las comunidades autónomas.
Ha aseverado que el Gobierno aplicará con diligencia esta ley para aquella comunidad que requiera una actuación urgente debido a su debilidad financiera.