El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado que Castilla-La Mancha sea la tercera comunidad autónoma que más ha reducido el peso de su deuda pública en relación a su Producto Interior Bruto (PIB) desde que Emiliano García-Page llegó al Gobierno autonómico.
De esta manera, el responsable de las cuentas castellanomanchegas se ha hecho eco de los datos confirmados este lunes por el Banco de España durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar sobre el cierre del ejercicio presupuestario de Castilla-La Mancha en 2024.
Concretamente, según los datos que ha publicado este lunes el Banco de España, la ratio de endeudamiento de Castilla-La Mancha se ha reducido en 6,3 puntos porcentuales. «Hemos pasado de una ratio de endeudamiento del 35,4 en junio de 2015 a una ratio del 29,1 en diciembre del 2024».
Por lo tanto, ha subrayado Ruiz Molina, «son casi 4 puntos más de bajada con respecto a lo que ha sido la media nacional, que ha pasado en estas mismas fechas del 23,7 al 21,1 por ciento».
De otro lado, Ruiz Molina ha informado del cierre del ejercicio presupuestario de las administraciones públicas del año 2024, que fue adelantado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado jueves.
En este sentido, el consejero de Hacienda ha asegurado que es un ejercicio presupuestario en el que Castilla-La Mancha finalizó con un superávit del 0,13% del PIB regional, «lo que en términos absolutos estamos hablando de un superávit de 76 millones de euros».
Y, en este sentido, ha recordado el compromiso del Gobierno cuando presentó el proyecto de presupuesto para el 2024, que era el de finalizar ese ejercicio «con equilibrio presupuestario». «No solamente hemos cumplido ese compromiso, sino que lo hemos mejorado con ese pequeño superávit en términos absolutos de 76 millones de euros», ha celebrado.
Esos 76 millones de euros de superávit suponen una desviación positiva del 0,6% si se compara con el presupuesto que, finalmente, fue aprobado para este ejercicio, que ascendió a 12.473 millones de euros. Por lo tanto, sí que puede afirmar el consejero que «nos ajustamos al 100% del compromiso que adquirimos para este año».
«Con estos 76 millones de superávit podemos decir que somos la tercera comunidad autónoma que más esfuerzo ha realizado para corregir la situación respecto al ejercicio 2023», ha añadido.
Recuerda que no se han subido los impuestos
Respecto al estado de ingresos, ha apuntado Ruiz Molina que cuando su departamento elaboró el proyecto de presupuestos para el 2024, fue «muy prudente» a la hora de estimar los ingresos que esperaban obtener y a la hora de elaborar el techo de gasto.
Al cierre del ejercicio de 2024, el grado de ejecución del estado de ingresos con respecto a lo que sería el presupuesto inicial ha sido del 97,53 por ciento. Dicho de otra manera, ha dicho el consejero, «es que hemos tenido una desviación respecto a lo inicialmente previsto de tan solo el 2,5%», algo que, a su juicio, es motivo de satisfacción.
También ha recordado que las estimaciones del estado de ingresos que se realizaron para el presupuesto de 2024, se hicieron haciendo o intentando hacer compatible la congelación fiscal a la que el Gobierno de Page se había comprometido con los agentes sociales con la contención del endeudamiento. «A lo largo del 2024, no se subieron en absoluto los impuestos», ha querido dejar claro.
Ha aprovechado estas palabras para enfatizar que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma con la presión fiscal más baja y, además, una de las comunidades autónomas que menos impuestos propios tiene.
Los gastos se han ejecutado en un 93,75%
Respecto al estado de gastos, el nivel de ejecución, respecto también al presupuesto inicial que se aprobó para este año, ha sido del 93,75%. Y eso significa –ha abundado el consejero– que «hemos sido capaces de gestionar 471 millones más, es decir, un 5 % más que lo que gestionamos en el 2023».
«Esos 471 millones que hemos gastado más que en 2023 lo hemos destinado a consolidar el estado de bienestar y nos lo hemos gastado en sanidad, en educación y en servicios sociales, pero también es verdad que no lo hemos gastado en ayudas a las empresas para incentivar la actividad económica y la modernización del tejido productivo», ha detallado el consejero de Hacienda.
Respecto al pago a proveedores, Ruiz Molina ha manifestado que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que «más rápidamente» paga a los proveedores de la Administración regional.
El periodo medio de pago de proveedores en Castilla-La Mancha se ha situado en 22 días de media durante el ejercicio 2024, que son nueve días antes que lo hace la media nacional.
«Castilla-La Mancha es una de las seis autónomas de régimen común que más rápidamente paga a sus proveedores, abonando, desde luego, las facturas por debajo de la media nacional y, por supuesto, por debajo del límite legal establecido en treinta días».
Una «disciplina financiera» que, según ha apostillado Ruiz Molina, el Gobierno de Castilla-La Mancha está acometiendo con unos recursos financieros que son «insuficientes» y con un sistema de financiación de las comunidades autónomas que «perjudica» a Castilla-La Mancha.
Y por eso, desde el Gobierno regional se insiste en reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica, en solicitar al Gobierno la aprobación de un fondo transitorio, hasta tanto se apruebe ese nuevo modelo de financiación autonómica, y se muestra a favor de la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas.
España debe el equivalente al 101,8% del PIB
Castilla-La Mancha se mantiene como cuarta comunidad autónoma más endeuda aunque la ha bajado 0,9 puntos, hasta el 29,1 % del PIB, según el Banco de España que ha confirmado este lunes que la deuda pública en 2024 se redujo 3,3 puntos, hasta el 101,8 % del PIB, aunque el importe subió en 45.224 millones de euros, hasta 1.620.602 millones cifra récord para un cierre de año.
De acuerdo con los datos publicados este lunes, la administración central y la autonómica aumentaron los importes totales de deuda, pero disminuyeron la ratio sobre PIB; las corporaciones locales redujeron tanto el importe como la ratio y las administraciones de la Seguridad Social aumentaron ambos.
La administración central terminó el ejercicio con un endeudamiento de 1.489.311 millones (53.602 millones más), equivalentes al 93,6 % del PIB, 2,2 puntos menos respecto al cierre de 2023.
Las comunidades autónomas sumaron una deuda de 335.977 millones (10.749 millones más), el 21,1 % del PIB, 0,6 puntos menos que un año antes.
Las corporaciones locales acabaron el año con una deuda de 22.848 millones (439 millones menos), equivalentes al 1,4 % del PIB, 0,2 puntos menos.
Las administraciones de la Seguridad Social cerraron con una deuda de 126.173 millones (10.000 millones más), equivalentes al 7,9 % del PIB, 0,1 puntos más.
Las cifras suman más de la deuda total porque 343.971 millones son contabilizados por partida doble, fundamentalmente porque la administración central es acreedora de buena parte de la deuda de las autonomías, así como de algunos préstamos a la Seguridad Social.
Comunidad Valenciana y Murcia, las más endeudadas
La región más endeudada sigue siendo la Comunidad Valenciana, con una deuda del 40,7 % de su PIB, aunque ha disminuido 0,9 puntos respecto al cierre de 2023.
Le sigue Murcia, con una deuda del 31,5 % de su PIB, tras aumentarla en 1,4 puntos en el último año, la única autonomía que incrementó el nivel endeudamiento sobre el PIB en 2024.
En tercer lugar está Cataluña, con una deuda del 29,7 % de su PIB, tras recortarla en 0,8 puntos; mientras que en el cuarto puesto se mantiene Castilla-La Mancha, con un 29,1 % de su PIB, 0,9 puntos menos.
En importe absoluto, sin embargo, Cataluña ocupa la primera posición con una deuda de 89.035 millones, 3.049 más que un año antes.
Le sigue la Comunidad Valenciana con 60.332 millones, 2.336 millones más.
Dentro de las corporaciones locales solo aumentaron la deuda los ayuntamientos con más de 300.000 habitantes, de 5.352 a 5.374 millones, aunque con diferencias entre capitales.
En el caso de Madrid, pasó de 1.960 a 1.943 millones; mientras que en el de Barcelona aumento de 1.333 a 1.390 millones.