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13/07/2012junio 13th, 2017

Castilla-La Mancha ha votado a favor de los objetivos de déficit para los próximos años que ha propuesto Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que también ha avisado a ocho comunidades por desvíos, aunque entre ellas no está la castellanomanchega. Según fuentes del Gobierno regional, el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, fue uno de los que votó a favor de esos nuevos plazos que han salido adelante pese a la abstención de Extremadura y Castilla y León, comunidades gobernadas por el PP, y el rechazo de Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias.

En la reunión, Hacienda ha lanzado un primer aviso a ocho comunidades por desvíos en sus planes económico-financieros, a tres de ellas por dudas sobre la información proporcionada y a otras cinco por haber incumplido los compromisos adquiridos para no desviarse de los objetivos de déficit.


Así lo han revelado fuentes de la reunión del CPFF, en la que las comunidades autónomas -que no han sido identificadas- habrían recibido el apercibimiento de manera individual y discreta.

A pesar de que las comunidades apercibidas no han sido identificadas, fuentes del Gobierno autonómico han asegurado que Castilla-La Mancha no está entre ellas.

Se trata de un primer apercibimiento que según la ley de Estabilidad Presupuestaria podría acabar, en caso extremo, en intervención.

En este sentido, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que hoy se aprobará un instrumento financiero «flexible» con garantía del Estado para atender vencimientos de deuda de autonomías que no puedan hacerlo por sí mismas, y que verán endurecidas sus condiciones presupuestarias.

El instrumento -que Montoro ha evitado definir como «hispanobono» por lo que implica de mutualización del riesgo- va a ver hoy luz verde en el Consejo de Ministros, confirmó el titular de Hacienda tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que explicó estos detalles a las comunidades autónomas.

Afirmó que la cantidad con la que se dotará no es «apriorísticamente grande» ya que no hay «grandes vencimientos» pendientes.

En lo que queda de año, según los planes económico financieros que las comunidades autónomas registraron en el Ministerio de Hacienda, solo los vencimientos llegan a más de 15.000 millones de euros.

Montoro explicó que el instrumento será «flexible» y dependerá de cada situación concreta y excepcional, al ser preguntado por la posibilidad de que se alimente este fondo a través de emisiones de deuda pública estatal o en su caso de créditos bancarios como los que se usaron en el plan de pago a proveedores.

Así, aún en el caso de que la deuda del estado central aumente por las emisiones, repercutirá positivamente en la de la comunidad autónoma auxiliada, que a su vez se someterá a una nueva condicionalidad, similar a la que implicó acogerse al plan de pago a proveedores.

En ese caso se trataba de que las autonomías estaban obligadas a acordar con Hacienda un plan de ajuste que garantizara el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

El acceso estaba precedido de la aceptación de las comunidades de las condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de información, así como de adopción de medidas de ajuste extraordinario para cumplir con la estabilidad presupuestaria, los límites de endeudamiento y las obligaciones de pago a los proveedores.

Montoro insistió en que «en el ánimo del Gobierno nunca ha estado mutualizar la deuda», ni hablar de «hispanobonos» o «hispabonos», ya que existe una dificultad de acceso a los mercados por parte de algunas comunidades autónomas, pero de todas ellas.

Hacienda mantiene para 2012 el objetivo de déficit autonómico en el 1,5 por 100 del PIB, y para el próximo ejercicio lo ha fijado en el 0,7 por 100, dos décimas por encima de lo previsto en el Plan de Estabilidad 2012-2015 que el Gobierno de España remitió a Bruselas en primavera.

Para 2014, Hacienda quiere que el déficit autonómico no supere el 0,1 por 100 y que en 2015 se produzca un superávit del 0,2 por 100.

Ese 0,1 por 100 supone un endurecimiento de dos décimas respecto al objetivo remitido Bruselas.  

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