La empresa de seguridad Exabe, contratista de la vigilancia y seguridad de la Biblioteca regional de El Alcázar, no paga a sus trabajadores desde el pasado 1 de abril, el mismo día en que logró de la Consejería de Educación la adjudicación de este servicio.
La Federación de Actividades Diversas de CC.OO. ya ha interpuesto una decena denuncias contra Exabe ante la Inspección de Trabajo, organismo que también tiene adjudicada a Exabe la contrata de la seguridad de su sede en Toledo. Exabe tampoco paga a desde hace meses a los trabajadores que se ocupan de este servicio.
CC.OO. también ha reclamado a la Consejería de Educación que presione a Exabe para que cumpla con obligación de pagar puntualmente a sus trabajadores; o, en su caso, que rescinda cuanto antes el contrato con esta empresa.
Educación respondió que estaba en ello, y que, de hecho, ya había solicitado un informe jurídico al Consejo Consultivo para retirar a Exabe la adjudicación del servicio de seguridad de la Biblioteca.
Sin embargo, en el Consejo Consultivo han asegurado que no han recibido ninguna consulta de la Consejería en este sentido. Se da la circunstancia de que Exabe también tiene adjudicada la vigilancia y seguridad de la sede de este organismo; y que tampoco paga sus nóminas a los trabajadores adscritos a este servicio.
CCOO exige al Gobierno regional que deje de adjudicar contratas a empresas incumplidoras. «Que pongan los medios para que estas empresas incumplidoras no sigan campando por sus respetos. La administración debe buscar e implantar fórmulas para evitar adjudicar contratas a empresas como Exabe, que tiene la desfachatez de no pagar a sus trabajadores desde el primer día en que se hace con un servicio externalizado», denuncia Carlos García Montoya, responsable de la Federación de actividades Diversas de CC.OO.-Toledo.
«Antes de adjudicar una contrata, la Junta tiene que exigir avales o imponer condiciones que garanticen que las empresas cumplirán sus obligaciones para con sus trabajadores. Y, en su caso, en casos como el de Exabe, tiene que disponer de mecanismos para retirar de inmediato las adjudicaciones, obligar a saldar las deudas salariales e imponer sanciones.»