El martes 28 de abril, CC.OO. conocía el auto del Tribunal Supremo donde «se cuestiona la constitucionalidad del incremento de jornada, la reducción salarial y los recortes en la prestación por IT impuestos por Cospedal a los empleados públicos de la Junta de Castilla-La Mancha».
En una convocatoria a los medios de comunicación, el sindicato destacaba que ahora es el Supremo el que «alberga serias dudas» de la constitucionalidad de estas medidas, que se incluían dentro de la Ley de Garantía de Servicios Básicos de 2012, norma de carácter autonómico y que en su momento «provocó encierros», entre otras concentraciones, recuerda Ramón González, coordinador del sector autonómico de la FSC CC.OO.
Precisamente, Ramón junto a Carmen López, secretaria general de la FSC CC.OO., analizarán el 29 de abril en rueda de prensa dicho auto, donde se cuestiona que el Gobierno regional tuviese competencias para tomar medidas de carácter laboral.
De momento, las consecuencias del mismo se analizarán a largo plazo porque el Constitucional tendrá que hablar al recibir éste las «dudas» del Supremo.
Mientras tanto, los sindicatos siguen negociando la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de la Junta para intentar «salvar las plazas que quedan». La próxima reunión con la Administración, el 29 de abril.