El sindicato CCOO ha afirmado hoy que el Gobierno de María Dolores de Cospedal está «derrotado» y ha reclamado a la presidenta regional que «antes de irse», tras los comicios de mayo, retire el plan de ajuste aprobado por la Junta en 2012 que ha sido cuestionado por el Tribunal Supremo.
La secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO., Carmen López, y el coordinador del Sector Autonómico de la FSC de CC.OO., Ramón González, han analizado en rueda de prensa la sentencia del Supremo que pone en duda varios artículos de la ley de Medidas Complementarias para la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos.
González ha opinado que el auto del Tribunal Supremo supone «un fin de temporada épico» para el Gobierno de María Dolores de Cospedal que, tras varias sentencias en contra, ahora «ha quedado en duda hasta como legislador».
«Porque ni siquiera puede asegurar que las leyes que ha dictado y ha promulgado desde las Cortes a través de su mayoría parlamentaria sean ajustadas a la norma básica, a la Constitución», ha criticado.
A juicio del representante sindical, la resolución es «especialmente grave» porque apunta que el Ejecutivo regional pudo atribuirse «funciones que no eran suyas» a la hora de legislar.
En concreto, el Supremo pide al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre los artículos relacionados con el incremento de jornada a los funcionarios, la reducción salarial y los ajustes en la prestación por Incapacidad Temporal.
«ESTE GOBIERNO ESTÁ DERROTADO»
Los artículos de una ley, ha afirmado González, que es «la ley de las leyes del Gobierno de Cospedal, la ley que salvaba según ellos de la quiebra a Castilla-La Mancha y aseguraba los servicios sociales básicos».
«Este Gobierno está derrotado literalmente, sus medidas estrella han sido anuladas por los tribunales», ha insistido el representante de CCOO.
Por ello, ha pedido a Cospedal que dé marcha atrás en la aplicación de este plan y «no siga alargando esto» porque, a su juicio, «lo único que va a hacer es seguir alargando la agonía de un Gobierno que se ha visto derrotado».
González ha expuesto que el Tribunal Constitucional podría declarar la nulidad de la norma «cuatro o cinco años después de ser aplicada», lo que supondría «una auténtica barbaridad desde cualquier perspectiva».
En la misma línea, López ha afirmado que, «como siempre», la justicia les «vuelve a dar la razón» con este nuevo auto y ha destacado que, «aunque la justicia a veces tarda en pronunciarse, se está pronunciando en casi todos los casos a favor de trabajadores, de los empleados públicos».
«Castilla-La Mancha desde que entró este Gobierno ha sido laboratorio de pruebas de toda España, esta ley se aplicó antes incluso que cualquier reforma y, por eso, el propio tribunal le dice que no está por encima de la ley», ha afirmado.
Con todo ello, los representantes de CCOO han recordado que el próximo 13 de mayo se celebran elecciones sindicales en Castilla-La Mancha y han pedido el apoyo para su sindicato.
«Recordar a todo el personal de la Junta, a los trabajadores, que el día 13 vayan a votar en masa a un sindicato como el nuestro que defiende a todos los trabajadores, a todos los ciudadanos y a todo lo público», ha subrayado López.
«UNA CRÓNICA DE INCONSTITUCIONALIDAD ANUNCIADA»
La Federación de Servicios Públicos de UGT C-LM se felicita por la decisión del Tribunal Supremo de cuestionar la inconstitucionalidad de tres artículos de la Ley 1/2012 del Gobierno de Cospedal, «una crónica de inconstitucionalidad anunciada», según la Secretaria General de FSP UGT CLM, Carmen Campoy, que recuerda que el PP en las Cortes Regionales «hizo oídos sordos a un informe del Consejo Consultivo al respecto».
«La demanda de CCOO se acumuló a la de UGT», recuerda Campoy, que a.ade que «el Consejo Consultivo ya avanzaba la posible inconstitucionalidad en un informe del 11 de enero de 2012, que señalaba que la cuestión de inconstitucionalidad ya estaba en el origen del presente procedimiento porque cuando se publicó la norma el propio Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en el informe preceptivo para la ley, página 45, ya indicaba que la Junta no era competente en esta materia».