Los sindicatos CC.OO. y UGT llevarán a cabo concentraciones el próximo miércoles en las cinco capitales de provincia de la región, pedir al Gobierno que cese la que califican como «ofensiva» contra el derecho de huelga a través de la aplicación del Código Penal.
Las concentraciones tendrán lugar a las 12:00 horas, en Toledo frente a la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, en la Plaza de Zocodover y frente a las subdelegaciones del Gobierno en el resto de las provincias, han indicado los secretarios regionales de CC.OO. y UGT, José Luis Gil y Carlos Pedrosa, respectivamente.
En las concentraciones, que se han convocado bajo el lema «No nos van a callar», los sindicalistas defenderán el derecho de huelga y la libertad sindical.
Pedrosa ha denunciado que se está produciendo «una ofensiva contra el derecho constitucional de huelga» por parte del Gobierno, a través de la aplicación estricta del punto tercero del artículo 315 del Código Penal, que castiga a quienes coaccionan a otros para iniciar o continuar una huelga.
Esta ofensiva se traduce en que la fiscalía está pidiendo penas de unos tres años de media a cerca de 300 trabajadores y trabajadores, por actuaciones en la huelga general de 2010 y fundamentalmente de huelga general contra la reforma laboral que tuvo lugar en el año 2012, ha añadido.
Por su parte, Gil ha advertido en los últimos años se está detectando una «servidumbre» por parte del poder judicial (jueces y fiscales) para aplicar un «objetivo bastardo del Gobierno» como es impedir el derecho constitucional a la huelga
En este sentido, Gil ha dicho que en estos momentos hay una petición fiscal de 125 años de cárcel para más de 260 personas.
Gil ha señalado que se ha llegado al punto de que, «defender de forma contundente pero democrática los derechos de los trabajadores», puede llevar hasta una petición fiscal de ocho años y tres meses de prisión, como le ha ocurrido a ocho trabajadores de la empresa aeronáutica Airbus.
«Es una cosa desproporcionada, un solo día sería un disparate, pero estamos hablando de ocho años de prisión, estamos ante una democracia mutilada y ante una intención de algunos poderes públicos de que los años de plomo regresen a este país», ha aseverado Gil.
A su juicio, supone «un retroceso de más de 40 años» y un intento de «volver a poner la mordaza» que se ponía hace tantos años a los trabajadores de este país.
Además, tanto Gil como Predrosa han cuestionado que este mismo artículo 315 del Código Penal no se esté aplicando con el mismo rigor en supuestos como los servicios mínimos que después los tribunales declaran ilegales o actitudes como la de la empresa Coca-Cola, que quiso contratar trabajadores para sustituir a los que hacían huelga.