Los antiguos gestores de Caja Castilla La Mancha (CCM) maquillaron la concesión de un crédito con el objetivo de financiar en 2008 al grupo Lábaro, que entonces ya se encontraba en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos), lo que generó un perjuicio de 10 millones de euros a la entidad.
Así se desprende del informe pericial entregado por el Banco de España al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga al expresidente de CCM Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general Ildefonso Ortega, a raíz de una querella encargada por el PP al exfiscal Ignacio Gordillo.
Los inspectores del Banco de España han detectado irregularidades en una veintena de operaciones que realizó la caja castellanomanchega antes de su intervención, en marzo de 2009, que han supuesto según sus cálculos un perjuicio de 267 millones de euros.
Entre esas operaciones figura la concesión de un crédito de 10 millones de euros a una sociedad de CCM (Promogedesa) para que comprara unos derechos a una filial del grupo inmobiliario Lábaro.
El informe sostiene que ese préstamo «se maquilla de tal forma que su apariencia es la de un riesgo normal concedido a una sociedad del grupo económico de la propia CCM, con los efectos contables que conlleva, (…) y para evitar los procedimientos establecidos por la propia caja a la hora de conceder financiación a acreditados calificados como dudosos».
Sin embargo, «la realidad indica que se trata de un préstamo que sale de CCM, atraviesa un eslabón intermedio (Promogedesa, sociedad dominada por CCM) y termina en manos de una sociedad en concurso de acreedores», afirma la pericial.
Añade que, en la mayor parte de operaciones analizadas, la caja se saltó la normativa de riesgos en beneficio de varios antiguos reyes del ladrillo, entre los que destacan el expresidente de Colonial Luis Portillo, el empresario Domingo Díaz de Mera, la familia Fernández Fermoselle y los hermanos Barco Fernández.
Todos ellos consiguieron condiciones «más ventajosas» de las que hubieran podido lograr ante otras entidades financieras, que además «aumentaron el riesgo crediticio de CCM sin que obtuviera beneficio alguno».
Los dos inspectores del Banco de España agregan que en la mayoría de préstamos o de refinanciaciones de deudas analizados «se aprecian actuaciones contrarias a la propia normativa de la entidad, al resto de la normativa bancaria y mercantil, así como a lo que ha de ser práctica habitual del resto de entidades de crédito, a la hora de analizar la propia operación, la capacidad de pago y las garantías aportadas».
La mayor parte de las operaciones fueron ratificadas a posteriori por la Comisión Ejecutiva o el consejo de administración de CCM, aunque los peritos han detectado que dos transacciones jamás recibieron el visto bueno de ninguno de esos órganos.
En el caso del préstamo indirecto a Lábaro, los peritos no han tenido acceso a ningún informe elaborado por el Área de Riesgos y señalan que la operación se aprobó por unanimidad por la Comisión Ejecutiva en junio de 2008.
El abogado que defiende al expresidente de CCM, José Ángel González Franco, señaló en declaraciones a Efe que eso demuestra que todas las decisiones sobre esas operaciones fueron adoptadas por los máximos órganos de la entidad de forma colegiada y que no hubo una participación decisiva de su defendido.
La Audiencia Nacional comenzó a investigar en enero de 2011 a Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega por administración desleal, estafa y falsedad contable, a raíz de la querella presentada por el exfiscal Ignacio Gordillo en nombre del PP.