El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, José Luis Gil, ha demandado al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que la Junta haga un esfuerzo para ampliar en 1.000 millones de euros la inversión en gasto social, que es la cifra presupuestada en 2011.
Gil se ha postulado así tras la reunión que ha mantenido con Ruiz Molina para conocer los presupuestos de la Junta para este año. «Hay un incremento del 7 % en gasto social, pero nuestra pretensión es llegar al nivel de 2011 y recuperar lo que se invertía, 1.000 millones más de lo previsto», ha defendido.
Un aumento que no ha visto factible el titular de Hacienda porque «es necesario incrementar los ingresos en esa misma cuantía y, al tiempo, mantener la reducción del déficit«, que ha cifrado en algo más de 13.000 millones de euros, «dos factores que me hacen sospechar que va a ser bastante difícil alcanzar en cuatro años».
El líder regional de CCOO ha confiado en que «en el debate parlamentario» se pueda reforzar la inversión en el apartado social en un presupuesto que, en todo caso, «es del rescate de Castilla-La Mancha, tras cuatro años tan difíciles», ha reconocido.
«Queremos recuperar la inversión del 2011, el último presupuesto del anterior Gobierno socialista, que atendía especialmente a la gente que peor lo pasaba y que es de justicia», ha incidido Gil.
Ha aplaudido, aquí, que la partida para la Consejería de Economía y Empleo se haya aumentado en un 43 % respecto a 2015, y se refuerce también la inversión en el capítulo industrial que «es clave para el desarrollo de la región».
Gil también ha planteado a Ruiz Molina «un debate responsable, serio, con el Gobierno central para definir una financiación distinta, más justa, de las autonomías, que permita financiar bien los servicios que se prestan y afecta también a los ayuntamientos».
En suma, ha reconocido el esfuerzo «en el cambio de filosofía y de prioridades» en el presupuesto y pese al moderado crecimiento del 2,6 % ha creído que «la clave no es tanto el incremento, sino como se distribuye y se prioriza el gasto o la inversión».
«El presupuesto está cargado de buena voluntad, bien orientado, pero necesitamos mas capacidad para financiar», ha concluido.
POLÍTICAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Por su parte, el consejero ha reiterado que «el 70 % se destina a políticas de sanidad, educación y bienestar social» con 315 millones más que «suponen «900.000 euros más diarios destinados a gastos sociales» con respecto a pasados presupuestos.
Ruiz Molina ha ampliado que «el segundo objetivo» que contempla el presupuesto regional «es motivar el crecimiento económico» con políticas dirigidas a incentivar la inversión empresarial, y ha citado el Plan Adelante (37.000 millones), el Plan de Empleo o los 237 millones destinados al mundo rural.
Además, en política tributaria, ha expuesto la reducción de la presión fiscal con la eliminación de tasas o modificaciones de impuestos, como el de sucesiones o transmisiones, para que «paguen menos quienes tienen menos y reciban más los que más lo necesitan».
Un presupuesto, ha remarcado, que «reduce la desigualdad» y en el que «hacemos compatible sostenibilidad presupuestaria con social y desde el punto de vista financiero esta dirigido al cumplimiento de los objetivos de déficit, el 0,3 % del PIB, y que la deuda a 31 de diciembre no sea superior al 33 %».
Por último, ha razonado que se trabaja en poder acceder a un nuevo sistema de financiación que permita «aumentar la capacidad de gasto» al no estar de acuerdo con el actual reparto de fondos por «no disponer de los recursos necesarios para financiar todas las competencias que tenemos».