CCOO denunciará la próxima semana el VII convenio colectivo para el personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el objetivo de recuperar derechos perdidos por los trabajadores, debido al aumento de la jornada laboral, la reducción salarial del 3 por 100 y el cambio de regulación de la incapacidad laboral.
Así lo han explicado en rueda de prensa la secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, Carmen López; el coordinador del Sector Autonómico de la FSC, Ramón González; y el responsable de Personal Laboral de la FSC, Fernando Pozo.
Según ha afirmado López, con esta denuncia, que se formalizará la semana que viene ante la Dirección General de Función Pública, Comisiones Obreras, sindicato mayoritario entre el personal laboral, pretende «recuperar los derechos arrebatados y usurpados por el anterior Gobierno regional a los empleados públicos de Castilla-La Mancha, que sufrieron una doble penalización».
En este contexto Ramón González ha recordado que CCOO firmó el séptimo convenio colectivo, que afecta casi a 7.000 trabajadores, «bajo la espada de Damocles que suponía la pérdida de vigencia de los convenios colectivos».
En esto ha coincidido también Carmen López, quien ha asegurado que, como consecuencia de la reforma laboral y la entrada en vigor de la ultractividad, «la meta era que no se despidiera a nadie y que no se utilizase la movilidad geográfica, pero ha llegado el momento de denunciar el convenio, después de que varias sentencias del Supremo hayan echado por tierra aspectos de dicha reforma».
En este sentido, el coordinador del Sector Autonómico de la FSC ha puntualizado que esta denuncia se presenta «con la seguridad de que, si no se consigue un convenio mejor que éste, «se mantiene lo conseguido», y ha subrayado que Castilla-La Mancha es «la única comunidad autónoma que tiene recogido que no se puede despedir a trabajadores por causas económicas».
González ha significado igualmente que Comisiones Obreras pretende «blindar» la interpretación del convenio colectivo de modo que no ocurra lo sucedido con la Ley de Garantías de los Servicios Sociales del Gobierno de Cospedal, con la que el Gobierno se atribuía competencias que no eran suyas como «legislar las condiciones laborales de los empleados de la Junta de Comunidades».
Dicho esto, los dos representantes sindicales han resaltado que «es urgente y necesario recuperar el diálogo social, «para lo que necesitamos un Gobierno que rompa con el inmovilismo, el aliento de los trabajadores y la aportación de juristas preparados para que la interpretación del convenio no dé lugar a ninguna clase de ambigüedades», ha afirmado González.