CCOO ha pedido que las empresas de Toledo cumplan con la obligatoriedad de negociar planes de igualdad para todas aquellas que tengan más de 150 trabajadores y que en la provincia suman unas 60, donde el sindicato tiene el 44 por 100 de representatividad.
Así lo ha manifestado este lunes la secretaria de Organización de CCOO Toledo, Mayte García, que ha recordado a los medios de comunicación las modificaciones que incorpora el Real Decreto de 1 de marzo, que establece la obligatoriedad a estas empresas de negociar los planes antes del próximo mes de marzo.
«Los planes de igualdad pretenden ser efectivos para cumplir el fin para el que han sido negociados, que no es otro que eliminar la discriminación por razón de sexo», ha explicado García, quien ha anunciado que en las mesas de negociación se llevarán a cabo protocolos contra el acoso por razón de sexo y de género.
En este sentido, ha valorado positivamente que en la nueva conformación del Gobierno estatal haya un ministerio dedicado exclusivamente a materia de igualdad y ha instado al Ejecutivo central a que impulse «políticas reales y efectivas».
Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de CCOO Toledo, Nuria Garrido, ha informado de que entre los objetivos que se marca el sindicato en la negociación colectiva de 2020 está el mejorar los datos del año pasado, con cerca del 2 por 100 de subida salarial, que supone unos 14.000 euros del salario mínimo pactado.
Garrido ha subrayado los 10 convenios colectivos negociados en 2019 y ha detallado que este año se renovaran cuatro, los de Vinos, con 1.200 trabajadores; de Campo, con 9.000; de Comercio y Alimentación, con 7.500, y de Aceite, con unos 1.000 afectados.
En cuanto a los retos que se marca el sindicato para este ejercicio en la provincia, ha destacado que «va a poner todo el empeño en acabar con la precariedad económica y con la pobreza laboral» de cara a que haya un reparto «más justo de la riqueza» ya que, según ha asegurado, «la única manera de que crezca la economía es aumentar los salarios».
«Se incluirán cláusulas LGTBI en los convenios de empresas», ha añadido Garrido, como ya se empezó a desarrollar en 2019, «más que nunca por los discursos homófobos de ciertos partidos políticos que no queremos que instalen armarios en las empresas».
Otro reto será la digitalización y sus efectos, ya que «las nuevas tecnologías no pueden favorecer sólo la competitividad de las empresas sino también el reparto de riqueza hacia los trabajadores», ha defendido.
En lo que se refiere a siniestralidad laboral, Garrido ha mantenido que hace falta un sistema preventivo que «sea eficaz en las empresas», por lo que ha pedido más recursos al Gobierno regional, ya que «la mayoría de veces en los que existe una muerte en el trabajo es por falta de medidas de seguridad», ha denunciado.
«Se trata de un terrorismo empresarial», ha criticado Garrido, porque «son muertes evitables ya que se tiene que cumplir la ley de inspección de riesgos laborables», ha concluido.