El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla-La Mancha ha mostrado su preocupación por el hecho de que octubre finalizara con 8.448 personas con discapacidad inscritas como demandantes en las oficinas de empleo de la región, lo que supone 558 más que cuando comenzó el año.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes el gerente del Cermi de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, durante un desayuno informativo celebrado en Toledo.

Romero ha señalado que a su organización le preocupa que el número de personas con discapacidad inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de la comunidad autónoma se sitúe en 8.448, mientras que 2019 comenzó con 7.890, es decir, 558 personas desempleadas más.

«Llevamos sin bajar de los 7.000 desempleados con discapacidad prácticamente desde 2016», ha comentado el gerente del Cermi de Castilla-La Mancha, quien ha destacado que los planes especiales de empleo son una herramienta «potente» e «interesante» de apoyo a este colectivo.

Por eso, ha instado al Gobierno autonómico a «sentarse ya» para diseñar una estrategia de empleo inclusivo, una medida que contempla, ha recordado, el programa electoral del PSOE y que «tenemos muy trabajada en el sector».

1,5 millones para adaptar salarios el nuevo convenio

Por otro lado, Cermi de Castilla-La Mancha ha cifrado en un millón y medio de euros la cantidad que el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades para 2020 debería contemplar de cara a «cubrir la diferencia de costes» que la aplicación del XV Convenio Colectivo General de Centros y de Servicios de Atención a las Personas con Discapacidad ha supuesto para las entidades sociales.

La presidenta regional de Cermi, Cristina Gómez, y el gerente de dicha organización en la comunidad autónoma, José Antonio Romero, se han pronunciado sobre esta cuestión en un desayuno informativo celebrado en Toledo con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este martes, en el que han explicado su hoja de ruta para la legislatura.

Romero ha recordado que la partida específica de atención a personas con discapacidad se va a ver incrementada en 1,4 millones de euros en las cuentas regionales del próximo año.

Sin embargo, la organización reivindica, y así se lo ha trasladado a los grupos políticos, otro millón y medio más para «solventar el problema de este año» relacionado con la diferencia de costes que para las entidades sociales supone la aplicación del XV Convenio Colectivo General de Centros y Atención a las Personas con Discapacidad.

En este contexto, ha instado al Gobierno autonómico a «coger el toro por los cuernos» en 2020 y a «hacer un análisis exhaustivo del coste por plaza y de los precios públicos a establecer» según los distintos servicios que prestan las entidades sociales para implantar un sistema de concertación social a partir de 2021, como ya existe, ha dicho, en otras nueve autonomías.

Cristina Gómez ha considerado que este concierto supondría mejorar la estabilidad y la sostenibilidad, dado que el actual modelo de financiación a través de la concurrencia competitiva de subvenciones es «bastante deficitario» para las entidades.

Las demandas de Cermi

Aparte de lo anterior, la presidenta del Cermi en Castilla-La Mancha ha demandado al Ejecutivo autonómico el desarrollo del decreto ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad, la implementación del Plan Director de Accesibilidad en la región y la revisión de las bases de las ayudas con cargo al 0,7% del IRPF.

También se ha mostrado partidaria de actualizar el sistema de valoración del grado de discapacidad y de diseñar una estrategia regional para la empleabilidad de las personas con discapacidad en la comunidad autónoma, así como un plan de turismo inclusivo y accesible.

En el ámbito de la enseñanza, ha abogado por desarrollar en esta legislatura una estrategia de educación inclusiva, por cerrar un acuerdo para la formación del profesorado en atención a la diversidad y a la discapacidad y por poner en marcha una estrategia de cultura accesible.

En cuanto a sanidad, ha solicitado la creación de un espacio de coordinación y cooperación sociosanitaria y la revisión de las diferentes convocatorias de ayudas a entidades en servicios y recursos sociosanitarios y de salud mental que «sufren una infrafinanciación».

Tras incidir en la necesidad de consolidar el sistema de compra asistida, de manera que también se extienda a la banca, ha pedido garantizar la accesibilidad en el transporte y conceder ayudas para que las viviendas sean accesibles.

Para mejorar el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, ha considerado que se debe «fijar una reserva» del 10 por 100 para este colectivo, mientras que ha mostrado su interés por participar en la reforma del Estatuto de Autonomía para «blindar los derechos sociales».