Varios cientos de sindicalistas se han concentrado en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha para defender el derecho de huelga, siguiendo la convocatoria que han hecho CCOO y UGT bajo el lema «No nos van a callar, la huelga no es delito».
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Según cálculos de Efe, a las concentraciones han asistido en torno a 800 personas, aunque fuentes sindicales han elevado la cifra a unas 1.500 y la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado que ha habido 385 asistentes.
A las concentraciones, que se han desarrollado frente a las subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias y frente a la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, en la Plaza de Zocodover de Toledo, han asistido los responsables provinciales de ambos sindicatos.
Los secretarios regionales de CCOO y UGT, José Luis Gil y Carlos Pedrosa, respectivamente, han asistido a la concentración que ha tenido lugar en Cuenca.
Una de las notas destacadas ha sido la presencia en la de Toledo de unos 90 trabajadores de la factoría de Airbús de Illescas, para protestar por la imputación por parte de la Fiscalía a ocho sindicalistas, a los que pide ocho años de cárcel por su participación en la huelga general del 29 septiembre de 2010 en la factoría de Getafe.
También ha sido significativa, en el caso de Guadalajara, la presencia de miembros de los comités de empresa de las grandes compañías del Corredor del Henares como Tudor, Mahou o Isover.
Los sindicalistas han demandado en las distintas concentraciones la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que data de 1976 y no se aplicaba desde el franquismo, que está posibilitando las imputaciones, así como la retirada del proyecto de reforma del Código Penal y el proyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana.
En Cuenca, Carlos Pedrosa ha afirmado que hoy en España los trabajadores tienen «menos derechos, menos trabajo y menos pensiones» y ha culpado de ello al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y en Castilla-La Mancha a María Dolores de Cospedal.
Pedrosa ha advertido que se está aplicando «con toda severidad» el Códido Penal contra los representantes de los trabajadores «que en días de huelga han salido a defender el derecho al trabajo digno».
Al respecto, Gil ha opinado: «esto tiene mucho que ver con la posición que tiene la derecha en este país, el Partido Popular, el Gobierno, que lo que pretende es que los trabajadores no tengan conciencia, adormecer a la población».
«Y eso lo vienen haciendo con dosis importantes de demagogia y de populismo», ha criticado Gil, cuestionando las movilizaciones de los trabajadores y «aderezándolo» con «altavoces potentes», para justificar «que el ministerio fiscal esté pidiendo en este momento 125 años de cárcel a 300 delegados y dirigentes sindicales que han cometido la tropelía de manifestarse y de hacer huelga».
Esto no es aceptado ni por la patronal ni por el Gobierno, «que utiliza a la fiscalía para amedrentar a esos sindicalistas a esos trabajadores que defienden todos los días los derechos de la gente de manera permanente», ha añadido el secretario regional de CCOO.
En Ciudad Real, los secretarios provinciales de CCOO y de UGT, José Manuel Muñoz y Juan Jiménez Contreras, respectivamente, han reclamado el «indulto» para los sindicalistas de toda España que se encuentran procesados o con procesos abiertos por haber defendido los derechos de los trabajadores.
Por su parte, el responsable de UGT en Toledo, Alberto Sánchez, ha lamentado que el ministerio fiscal esté pidiendo condenas «similares a las de actos terroristas», pero con una diferencia: «que esos compañeros han ejercido su derecho fundamental a la huelga».
«Quieren juzgarnos con un artículo preconstitucional del Código Penal, quieren ponernos a los sindicalistas a los pies de los caballos», ha avisado Sánchez, quien ha considerado: «el PP no puede aplicar una ley similar a la de vagos y maleantes de la España de blanco y negro en el siglo XXI».
A su vez, el secretario provincial de CCOO, Jesús García Villaraco, ha comentado: «parece mentira que tengamos que estar en la calle defendiendo el derecho de huelga» y ha cuestionado que por defender a los trabajadores se les pida a los sindicalistas de Airbus 8 años de cárcel y a los abogados de ETA 3 años por colaboración con banda armada.