El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado al gabinete jurídico de la Junta de Comunidades a adoptar las medidas administrativas y, en su caso, las acciones judiciales que proceda para reclamar al Estado los 135 millones de euros que adeuda a la región en la liquidación de los recursos del sistema de financiación autonómica de 2017 y que son consecuencia de la modificación del reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
En una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida -sede del Gobierno regional-, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado a los medios de comunicación de este acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, que supone cumplir con el compromiso adquirido por el presidente regional, Emiliano García-Page, «en defensa de los intereses de esta región y de sus ciudadanos».
Tal como ha recordado Ruiz Molina, esta problemática tiene su origen en la implantación en 2017 del Sistema Inmediato de Información del IVA por parte del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que en la práctica ha supuesto que en la liquidación de los recursos del sistema de financiación de 2017, que se ha llevado a cabo en 2019, se haya restado la recaudación de una mensualidad a las comunidades autónomas, lo que para Castilla-La Mancha se traduce en una disminución de unos 135 millones de euros.
Ruiz Molina ha explicado que la actuación que plantea el Gobierno regional para reclamar las cantidades adeudadas tiene “sólidos argumentos jurídicos”.
En este sentido, Ruiz Molina ha señalado que, en primer lugar, se atenta contra el principio de autonomía financiera, que se reconoce tanto en la Constitución Española como en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
De acuerdo con este principio, ha continuado Ruiz Molina, «los recursos financieros con que cuentan las comunidades autónomas no pueden estar al albur de las decisiones que se adopten de forma unilateral por la Administración del Estado ni de la estabilidad o inestabilidad política que haya en el Estado, como ya señalamos en relación con las entregas a cuenta».
En segundo lugar y según informa la Junta en una nota de prensa, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha mencionado el principio de lealtad institucional, por el que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), deben estar basadas las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas en materia financiera.
El Gobierno de Castilla-La Mancha entiende que este principio no se contempló cuando se acometió la modificación de la regulación del IVA por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya que no se contó con las comunidades autónomas, a las que este cambio afectaba directamente; no se valoró el efecto que tendría sobre las finanzas de las regiones y tampoco se establecieron los mecanismos de compensación correspondientes.
Además, desde el Ejecutivo regional se entiende que esta modificación del IVA se debería haber discutido en aquel momento en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, dado que, de acuerdo con la LOFCA, es el órgano de coordinación de la actividad financiera entre las comunidades autónomas y la Hacienda del Estado.
En cualquier caso, ha añadido Ruiz Molina al respecto, «este tipo de acciones por la vía administrativa y, en su caso, la judicial, entran dentro de la normalidad y en el respeto absoluto de los intereses de los ciudadanos de esta región, que en estos momentos cuentan con 135 millones de euros menos que se podrían destinar a la educación, a la sanidad o a los servicios sociales».
No obstante, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha insistido en que, con independencia de que se haya dado autorización al gabinete jurídico para emprender este tipo de acciones, considera que esta cuestión «se va a resolver mediante el diálogo, que es como se suelen resolver las controversias en materia financiera entre el Estado y las comunidades autónomas».
Finalmente, Ruiz Molina ha querido valorar el interés y la voluntad de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por resolver este asunto a través del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, aunque se trataba de un problema que procede del anterior Gobierno central.